La Junta Central Electoral (JCE) salió al frente para despejar cualquier duda sobre la robustez tecnológica del nuevo documento de identidad y electoral, afirmando de manera categórica que los chips integrados no presentan fallas que comprometan la privacidad de los datos ciudadanos, ni existen brechas que faciliten su clonación o falsificación.

El pronunciamiento del órgano electoral surge luego de una rigurosa evaluación a los señalamientos difundidos por la firma FACTOR Inc., proceso en el que intervinieron los equipos técnicos de la institución, especialistas internacionales en criptografía y representantes del Consorcio EMDOC, adjudicatario de la licitación internacional JCE-CCCLPI-20240001.

Blindaje criptográfico y seguridad nacional

Desde el organismo comicial explicaron que tanto la entidad como el consorcio ejecutor han sometido la nueva cédula a múltiples auditorías de seguridad desde su adjudicación y a lo largo de su fase de despliegue. No obstante, recalcaron que los informes detallados y las medidas de seguridad de niveles 2 y 3 (forenses) poseen carácter reservado por tratarse de un asunto de seguridad nacional.

En el plano técnico, los mecanismos de protección del chip y el resguardo de la información descansan sobre algoritmos de criptografía de curva elíptica de última generación. Estos esquemas de defensa digital cumplen estrictamente con los estándares fijados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y las directrices de la Oficina Federal de Seguridad de la Información de Alemania (BSI).

Como respaldo a este estándar, el nuevo documento fue galardonado por la firma británica Reconnaissance International como el Mejor Documento de Identidad 2026 en Latinoamérica, distinción otorgada en el marco del prestigioso foro High Security Printing Latin America.

Pruebas fallidas y posibles acciones legales

La JCE puntualizó que el propio informe técnico presentado por FACTOR Inc. confirma que las pruebas realizadas no lograron alterar la información, vulnerar el canal seguro de comunicación ni falsificar la firma digital del chip. Asimismo, aclaró que ninguno de los escenarios hipotéticos planteados se ejecutó contra la infraestructura o un sistema operativo real en funcionamiento.

Finalmente, la institución advirtió que la divulgación de estos informes parece buscar la desconfianza colectiva en torno a un proyecto clave de modernización nacional, por lo que se reserva el derecho de recurrir a las vías legales correspondientes para salvaguardar la confianza pública en el documento oficial de los dominicanos.