El ambicioso plan de consolidación fiscal impulsado en Colombia ha comenzado a levantar serias dudas en los mercados internacionales. Aunque la iniciativa gubernamental plantea un ajuste contundente en el gasto y una reconfiguración tributaria para sanear las cuentas públicas, los cálculos de firmas de inversión señalan que el paquete difícilmente saldrá ileso de su trámite legislativo, proyectando que el Congreso terminará aprobando una versión diluida que postergaría el cumplimiento estricto de las metas.

Metas ambiciosas frente a la fricción política

El programa económico oficial busca reducir el déficit primario de manera drástica, pasando de un 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 a un 2,1% en 2027 y un 0,3% en 2028, con el objetivo ulterior de alcanzar superávits y estabilizar la deuda en torno al 64% del PIB. En el diseño oficial, el recorte primario proyectado para 2027 alcanza los 2,4 puntos del PIB, escalando progresivamente hasta 4,7 puntos hacia 2030.

No obstante, evaluaciones del banco de inversión Goldman Sachs advierten sobre el riesgo de desviación. De acuerdo con el analista Santiago Téllez, aunque el plan refleja un compromiso notable con la disciplina fiscal al concentrar el ajuste en sus fases iniciales, la magnitud de los cambios y la falta de definición en varias medidas elevan la probabilidad de tropiezos. Las proyecciones de la entidad sitúan el déficit primario en 2,5% para 2027 y 1,2% en 2028, cifras notablemente superiores a las metas trazadas por el Ejecutivo.

Los pilares del ajuste: gasto, IVA y reestructuración

La mayor parte del peso fiscal recaerá en la contención del gasto estatal, proyectada en 2 puntos del PIB en 2027 y un promedio anual de 2,3 puntos posteriores. Para lograrlo, el Gobierno contempla otorgar facultades extraordinarias al presidente durante seis meses para fusionar entidades públicas, reestructurar ministerios y limitar el incremento del gasto en nómina a la inflación, además de recortar exenciones a la seguridad social en beneficios laborales.

Por el lado de los ingresos tributarios, el proyecto plantea unificar la tarifa del IVA en un 19% para productos previamente exentos —compensado con devoluciones a los hogares vulnerables—, y rebajar el umbral de declaración de renta individual. En contrapartida, la propuesta busca incentivar al sector productivo reduciendo la tasa corporativa gradualmente del 35% actual al 31% para 2028, medida que generaría un costo fiscal a corto plazo antes de equilibrarse con mayor inversión privada.

Un calendario contra el reloj en el Congreso

El proyecto radicado apenas representa el 75% del programa global; el 25% restante dependerá del Plan Nacional de Desarrollo a inicios de 2027 y de decretos reglamentarios aún por precisar. Con la fecha límite del 16 de diciembre encima para el debate parlamentario, la posibilidad de que la discusión se dilate hasta el próximo año cobra fuerza.

Aunque medidas como los gravámenes específicos al tabaco y alcohol para financiar el sistema sanitario o la compensación del IVA podrían sumar apoyos en distintos sectores políticos, los mayores choques se darán en la ampliación de la base de personas obligadas a declarar renta y en la entrega de poderes extraordinarios al Ejecutivo. La viabilidad del rescate financiero colombiano dependerá, en última instancia, de la capacidad de la administración para mantener la columna vertebral del texto frente a un Congreso que exigirá concesiones.