El margen de maniobra para las finanzas públicas dominicanas enfrenta un estrechamiento crítico de cara a los próximos años. De acuerdo con proyecciones oficiales, para el año 2027, de cada RD$100 que el Estado capte a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), RD$84.3 ya estarán predestinados por ley o compromiso financiero, dejando una porción ínfima para responder al resto de las necesidades estructurales de la nación.

La advertencia fue presentada por Rafael Jovine, director de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), al evaluar el panorama fiscal del país y su impacto directo en el financiamiento del desarrollo urbano y la vivienda.

La anatomía del presupuesto comprometido

El desglose proyectado para 2027 revela con crudeza el peso de las ataduras fiscales del aparato estatal:

• RD$35.0 estarán destinados al sector educación.
• RD$31.5 se absorberán exclusivamente para el pago de intereses de la deuda pública.
• RD$17.8 irán orientados al sistema de salud.

Esto deja apenas RD$15.7 disponibles de cada RD$100 para sostener el funcionamiento operativo de todas las demás instituciones públicas, financiar obras de infraestructura y responder al persistente déficit habitacional.

"Los ingresos internos están condicionados por la actual situación de conflictos geopolíticos internacionales. A un país importador neto de hidrocarburos como República Dominicana esto le pasa factura, condicionando las finanzas públicas, presionando el déficit y haciendo que el financiamiento y los intereses absorban cada año una mayor tajada del gasto", puntualizó Jovine.

Evolución del gasto en vivienda y servicios básicos

A pesar de las limitaciones, el análisis de Digepres subraya que la inversión pública en vivienda y servicios comunitarios ha registrado un incremento sostenido en la última década. La partida devengada en este renglón se multiplicó por 4.7 veces entre 2014 y 2025, escalando desde los RD$9,678 millones hasta alcanzar aproximadamente los RD$45,349 millones al cierre de este ciclo.

El economista aclaró que estos fondos no se limitan a la edificación de techos sociales, sino que integran redes de agua potable, urbanización y mejoras en los entornos comunitarios. Entre 2021 y 2025, estos renglones pasaron a representar un promedio de 6.7 % del gasto social total, frente al 4.9 % registrado en el período 2014-2020.

El reto de una política urbana integral

La discusión formó parte del "Seminario Vivienda y Hábitat", un espacio que congregó a funcionarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil para evaluar los primeros cinco años de avances y los desafíos pendientes hacia el Plan Decenal de Viviendas 2022-2032.

En el panel técnico participaron Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional; Joan Guerrero y Rafael Alejandro Morel, del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed); junto a especialistas como Jenny Torres, Ana Moyano, Patricia Gómez y Pedro Hernández.

El consenso general apuntó a que superar el rezago habitacional dominicano exige blindar partidas presupuestarias suficientes frente a la asfixia del pago de deuda, pero también trascender la visión puramente constructiva, garantizando seguridad jurídica territorial, acceso a servicios esenciales y una participación activa de las comunidades en el diseño de su propio hábitat.