La explotación minera en la República Dominicana se mantiene en el centro de una compleja encrucijada nacional. Por un lado, se erige como una de las columnas vertebrales de la recaudación tributaria y la captación de divisas; por el otro, persiste como foco constante de protestas, disputas territoriales y denuncias sobre deterioro ambiental y problemas de salud pública en las zonas de influencia directa.

Durante la última década, comunidades situadas en provincias como Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal y Santiago han insistido en que el costo humano y ecológico que pagan no se compensa con los aportes al erario.

El peso estratégico en las finanzas públicas

Las estadísticas confirman la relevancia del sector extractivo en el presupuesto nacional. Entre 2016 y 2019, las recaudaciones fiscales derivadas de la minería superaron los RD$57,000 millones, impulsadas por tributos como el Impuesto sobre la Renta (ISR), la Participación en Utilidades Netas (PUN) y el Retorno Neto de Fundición.

Asimismo, reportes de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI-RD) registraron ingresos fiscales mineros por RD$33,215.5 millones en 2021 y RD$14,589.2 millones en 2022. En años recientes, el titular del Ministerio de Energía y Minas, Joel Santos, precisó que la industria generó más de RD$99,000 millones al Estado en un quinquenio, mientras que la generación de divisas sobrepasó los US$2,590 millones en 2025, reflejando un alza interanual del 52%.

Denuncias comunitarias y alertas sanitarias

A pesar del dinamismo económico, la convivencia entre las operaciones mineras y los asentamientos vecinos continúa marcada por la tensión. Uno de los puntos históricos de conflicto se ubica en Zambrana, provincia Sánchez Ramírez. En 2016, organizaciones locales de localidades como La Piñita, La Cerca, Las Lagunas y El Naranjo señalaron el fallecimiento de decenas de personas por causas que atribuyeron a las operaciones extractivas en el entorno de Barrick Gold. En 2018, organizaciones sociales reportaron que cientos de familias presentaban afecciones dermatológicas y respiratorias frecuentes.

En Villa González, específicamente en la comunidad de Las Lavas, el debate trascendió el testimonio comunitario tras una intervención de las autoridades sanitarias. Un levantamiento coordinado por la Dirección Provincial de Salud Pública de Santiago, encabezado por el doctor Rafael Polanco, reveló altas incidencias en el cuadro clínico de los residentes:

• Alergias respiratorias: presentes en el 56% de los evaluados.
• Resfriado común: 46.7%.
• Asma bronquial: 31.3%.
• Rinitis: 30%.
• Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC): 26.7%.

Daños al patrimonio natural e incertidumbre científica

El impacto de la actividad no solo se mide en la salud respiratoria. En San Cristóbal, la presión sobre las Cuevas del Pomier llevó al Ministerio de Medio Ambiente a confirmar en 2024 que al menos 16 cavidades del sistema cavernario sufrieron daños directos vinculados a labores de extracción de agregados y canteras.

El panorama de la minería en el país expone una brecha que las instituciones aún no logran cerrar: mientras el impacto económico es cuantificable y auditado peso a peso, gran parte de las alertas sobre enfermedades y fallecimientos permanecen en el terreno de las denuncias comunitarias sin estudios concluyentes de causalidad. El reto radica en garantizar que los cuantiosos ingresos mineros no se obtengan a expensas de la sostenibilidad ecológica y la salud de las poblaciones rurales.