El impacto económico de la actividad extractiva en la República Dominicana enfrenta un debate recurrente: la discrepancia entre los recursos aportados por las empresas mineras y el desarrollo tangible en las localidades donde operan. Frente a este panorama, la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) ha puesto sobre la mesa la necesidad de establecer mecanismos que garanticen la trazabilidad estricta del 5 % de los fondos destinados legalmente a las comunidades mineras.

Desde el año 2016, el país está adscrito al Estándar de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI), una plataforma que audita los pagos tributarios del sector privado y valida los montos percibidos por el Estado. De acuerdo con Pedro Esteva, presidente del Consejo de Directores de Camipe y titular de la empresa IMCA, múltiples auditorías han certificado el cumplimiento del pago fiscal por parte de las mineras; sin embargo, los recursos suelen diluirse en la administración central y no llegan a traducirse en obras sustanciales para los residentes locales.

Un mecanismo de rendición de cuentas e impacto real

Ante esta situación, el director ejecutivo de Camipe, Martín Valerio, subrayó que el 5 % asignado a las demarcaciones no solo debe entregarse, sino contar con una herramienta verificable y transparente. Desde la perspectiva del gremio, esto permitiría tanto al Estado como a las compañías blindar su credibilidad y asegurar que los fondos dejen un legado tangible en áreas críticas como infraestructura, programas de formación técnico-profesional y acceso a la salud.

"Nosotros como empresas tenemos el deber no solamente de decir que pagamos el impuesto, sino de ser parte de ese grupo de la comunidad que defina cómo se va a aplicar y cómo dejaremos un mejor entorno para las próximas generaciones", sostuvo Valerio.

Hacia una reforma moderna de la Ley Minera

Dentro de las propuestas para la actualización de la Ley Minera No. 146-71, el sector plantea estructurar un modelo de gobernanza para estos fondos, articulado en torno a la planificación municipal, la participación activa de los ciudadanos, la priorización técnica de proyectos y auditorías externas independientes. La meta primordial es evitar que este capital se consuma en gasto corriente o en asignaciones discrecionales del Gobierno.

La Camipe, que agrupa a 44 entidades del sector minero y de hidrocarburos, enfatizó que una legislación moderna no requiere de mayor extensión retórica, sino de una aplicación funcional. Entre los pilares clave que defienden para esta reforma figuran la delimitación clara de los roles estatales, la preservación rigurosa del medio ambiente y la consolidación de la seguridad jurídica, garantizando certidumbre no solo a los inversionistas, sino también a la sociedad civil y a las comunidades beneficiarias.