Apenas a unos 86 kilómetros de la capital dominicana, la provincia Monseñor Nouel proyecta a primera vista una estampa de prosperidad comercial y desarrollo vial en municipios neurálgicos como Bonao, Maimón y Piedra Blanca. Sin embargo, al adentrarse en los sectores colindantes con las zonas de extracción minera, la realidad se transforma drásticamente: carencia de agua potable, servicios sanitarios limitados y obras comunitarias inconclusas marcan el día a día de sus residentes.

Datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) corroboran este rezago, ubicando a la demarcación entre las de menor inversión pública en renglones esenciales durante los últimos años, con apenas 114 mil millones de pesos canalizados. Aunque el sector educativo absorbió cerca del 33% de estas asignaciones en proyectos de infraestructura, persisten retos estructurales y académicos: en la regional que abarca tanto a Monseñor Nouel como a Sánchez Ramírez, 1,388 estudiantes reprobaron en las Pruebas Nacionales recientes, registrándose las mayores dificultades en asignaturas clave como Matemáticas y Ciencias Naturales.

Salud bajo presión y promesas inconclusas

En una demarcación expuesta a las complejidades ambientales derivadas de la minería continua, la cobertura médica resulta primordial. No obstante, las partidas dirigidas a la salud apenas representaron el 7.1% de los proyectos planificados a inicios de año. Pese a avances puntuales como la entrega y remozamiento del Hospital Municipal de Maimón y del Centro de Primer Nivel por parte de las autoridades gubernamentales, los comunitarios señalan que las necesidades siguen desbordando la capacidad instalada.

El deterioro también se refleja en la infraestructura pública barrial. En sectores como La Raíz, El Copey y Los Martínez, el cementerio local permanece en condiciones críticas, a pesar de que en 2022 la Corporación Minera Dominicana (Cormidom) desembolsó 29 millones de pesos al gobierno local tras protestas vecinales para construir nichos y mejorar el área, una obra que nunca fue concluida.

Sed en tierra de recursos

El acceso al agua potable sigue siendo la demanda más urgente. En comunidades rurales, los residentes deben costear pozos tubulares que con el tiempo merman los mantos freáticos, o recurrir a tomas improvisadas. Décadas atrás se prometió un acueducto moderno; incluso hace seis años la empresa minera suministró tuberías valoradas en unos RD$6 millones, pero la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (Coramon) no ha ejecutado la instalación de las redes, dejando los materiales acumulados en centros comunitarios.

Líderes locales como José Luis Peña Polanco y Elpidio Rivera Guzmán, directivos del Comité Pro Desarrollo comunitario, denuncian que menos del 5% de la población de sectores como Brisas del Copey tiene suministro regular de agua. A este cuadro se suman tendidos eléctricos precarios de Edenorte y caminos vecinales sin asfaltar, envueltos permanentemente en densas polvaredas.

La opacidad de los fondos mineros

Aunque marcos jurídicos como la Ley 91-05 (que rige los Fondos Mineros a través de Fomisar) y la Ley 507-05 estipulan la reinversión del 10% de los dividendos generados por la actividad extractiva para amortiguar el impacto social y ambiental, los comunitarios exigen mayor fiscalización sobre el destino final de esos recursos. En el último ejercicio, Fomisar transfirió más de 39,800 millones de pesos a las estructuras correspondientes, pero la falta de respuestas claras por parte del Consejo para el Desarrollo de Monseñor Nouel y la gobernación provincial mantiene en pie la sospecha vecinal sobre el verdadero destino de los beneficios generados por el subsuelo de su propia tierra.