Entre los documentos que acompañan el proyecto de presupuesto para el año 2027, el informe sobre el gasto tributario arroja cifras que exigen un debate de fondo en la República Dominicana. De acuerdo con las estimaciones oficiales formuladas por las autoridades de Hacienda y Economía, el Estado dejará de percibir un total de RD$ 458,630 millones el próximo año a causa de exenciones, deducciones, tasas diferenciadas e incentivos. Esta cifra equivale al 4.78% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para poner en perspectiva la magnitud de estos recursos, el sacrificio fiscal representa 1.4 veces el déficit presupuestario proyectado para 2027 (fijado en RD$ 327,282 millones) y sobrepasa holgadamente el presupuesto asignado al Ministerio de Educación, que se sitúa en RD$ 365,570 millones. El fenómeno ocurre en un contexto donde los ingresos del Gobierno Central muestran una tendencia a la baja, pasando de un 15.9% del PIB en 2026 a un 15.7% en 2027, aun tras la entrada en vigor de la Ley 30-26 y sus medidas recaudatorias. En contraste, el gasto tributario ha experimentado un salto del 74% en términos nominales desde 2021, cuando se calculaba en RD$ 263,504 millones.

Concentración por gravámenes y el dilema de los incentivos

El desglose técnico revela que más de la mitad del sacrificio fiscal se concentra en el ITBIS, con un impacto de RD$ 249,806 millones. Le siguen los impuestos aplicados al patrimonio con RD$ 80,869 millones, el Impuesto sobre la Renta (ISR) con RD$ 61,370 millones y los aranceles aduanales con RD$ 28,156 millones.

Conviene matizar que no toda renuncia fiscal responde a privilegios corporativos. Un renglón crucial protege a los hogares de menores ingresos al dejar fuera del ITBIS bienes de la canasta básica familiar, medicamentos, servicios de salud y educación. Asimismo, regímenes especiales como el turismo y las zonas francas han probado durante décadas su capacidad para generar divisas e inversión. Sin embargo, la carencia histórica de auditorías públicas de costo-beneficio impide dimensionar con exactitud el retorno socioeconómico que aporta cada peso exonerado en cada sector.

Hacia una revisión técnica y metas medibles

Ante un déficit del 3.4% del PIB y un servicio de intereses que compromete cerca de 23 de cada 100 pesos que ingresan al erario, diversos analistas y técnicos coinciden en que la discusión sobre sostenibilidad fiscal no puede limitarse a incrementar cargas sobre los contribuyentes tradicionales, sino a depurar lo que se deja de percibir mediante medidas puntuales:

• Auditorías de costo-beneficio: Ordenar la evaluación rigurosa de los diez regímenes de incentivos de mayor impacto fiscal con resultados de dominio público antes de mediados de 2027.
• Cláusulas de caducidad obligatorias: Establecer vencimientos automáticos para todo beneficio nuevo o en proceso de renovación, forzando la justificación de su impacto para poder mantenerse.
• Meta de contención fiscal: Trazar un objetivo de reducción del gasto tributario equivalente a medio punto del PIB en dos años (cerca de RD$ 48,000 millones), respetando estrictamente la canasta básica, la salud y la educación.
• Condicionamiento a resultados verificables: Atar la vigencia de los incentivos a metas comprobables de exportaciones, encadenamiento productivo local y creación neta de empleos formales.