El ecosistema de los criptoactivos continúa expandiéndose en la República Dominicana, impulsado por una creciente adopción de métodos de pago digitales e instrumentos alternativos de inversión. Estudios del sector financiero revelan que hasta un 85% de los consumidores dominicanos ha interactuado con formas de pago emergentes, mientras que un 52% reconoce un uso más frecuente de monedas digitales. Actualmente, plataformas de mapeo como BTC Map contabilizan al menos 123 comercios que aceptan bitcoin a nivel nacional y una red de aproximadamente 20 cajeros automáticos concentrados en el Gran Santo Domingo y los principales enclaves turísticos, a los que se suma un dinámico pero informal mercado de intermediación directa.

Un crecimiento sin respaldo institucional

A pesar de esta tracción, el sector opera en un limbo jurídico. El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) ha reiterado firmemente que ni el Bitcoin, ni el Ethereum, ni ningún otro activo virtual constituyen moneda de curso legal ni cuentan con la garantía del Estado. En sus resoluciones de advertencia, el ente emisor prohíbe a las entidades de intermediación financiera, agentes de cambio y participantes del mercado de valores transaccionar con estos instrumentos bajo el amparo regulatorio oficial, dejando cualquier operación bajo la exclusiva responsabilidad y riesgo de los usuarios. Esta postura contrasta con las demandas del público: un 74% de los usuarios locales manifiesta interés en entidades bancarias tradicionales que ofrezcan opciones de inversión en criptoactivos, mientras que más de la mitad desearía capacitaciones institucionales sobre su manejo seguro.

El techo que impone la falta de regulación

Para los pioneros de esta industria en el país, la carencia de reglas claras frena el desarrollo de empresas formales. Giuliano Simó Marra, gerente general de BitcoinRD —plataforma pionera con más de una década operando terminales y servicios de cambio—, subraya que la imposibilidad de acceder con normalidad a cuentas bancarias y servicios financieros básicos asfixia la competitividad local. De acuerdo con Simó Marra, la falta de una normativa actualizada coloca un techo artificial a los proyectos legítimos que buscan operar con transparencia, limitando el potencial de un sector que, en el resto de América Latina, ha duplicado su presencia corporativa.

Obligaciones tributarias ante la DGII

No obstante la falta de reconocimiento monetario por parte del BCRD, las ganancias derivadas de estas operaciones no pasan desapercibidas para el fisco. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha precisado que, al momento en que un activo virtual se liquida y se convierte en dinero de curso legal, los beneficios obtenidos constituyen un incremento patrimonial gravable. En virtud de los artículos 264, 268 y 269 del Código Tributario, los contribuyentes están obligados a declarar estas utilidades bajo el Impuesto Sobre la Renta (ISR), requiriéndose asesoría contable para formalizar el reporte de dichos dividendos.

El persistente peligro de las estafas piramidales

El vacío normativo y el desconocimiento técnico han sido terreno fértil para esquemas fraudulentos de alto impacto judicial. En los últimos años, el Ministerio Público ha procesado sonados casos de captación ilícita que prometían rendimientos extraordinarios mediante supuestas inversiones en criptomonedas. Entre ellos destacan procesos contra firmas como Harvest Trading Cap, expedientes con fraudes que superaron los 50 millones de pesos y redes desmanteladas tras estafar con más de dos millones de dólares a decenas de ahorrantes dominicanos. Ante este panorama, los expertos insisten en la urgencia de educar a la población y avanzar hacia una regulación equilibrada que proteja a los usuarios sin sofocar la innovación financiera.