El dinamismo inmobiliario del Gran Santo Domingo muestra una marcada asimetría territorial y serias señales de estancamiento. De acuerdo con los datos más recientes del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2026-1) de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el municipio de Santo Domingo Este concentra el 34 % de las 6,682 obras catastradas en el área urbana de la región Metropolitana. Le siguen Santo Domingo Norte con un 15.7 %, Santo Domingo de Guzmán (Distrito Nacional) con 13.4 % y Los Alcarrizos con 12.3 %, sumando entre los cuatro municipios más del 75 % de todas las construcciones identificadas.

No obstante, la primacía en cantidad de obras no se traduce automáticamente en volumen edificado. El Distrito Nacional continúa liderando la superficie de construcción activa con un 40.8 %, superando el 29.1 % de Santo Domingo Este y el 18.2 % de Santo Domingo Norte. En contraste con este despliegue de cemento y varilla, un dato alarmante golpea al sector: el 59.8 % de las obras registradas en toda la zona metropolitana se encuentra paralizado, frente a apenas un 19.3 % en ejecución activa, según cifras recopiladas por la firma Strategius. Las tasas más críticas de abandono temporal se concentran en Boca Chica (73.5 %), Los Alcarrizos (73.3 %) y San Antonio de Guerra (71.6 %), mientras que Santo Domingo Este computa un 60.6 % de obras detenidas.

Un crecimiento desarticulado y sin fiscalización

Para especialistas del sector, este auge constructivo se está dando a espaldas de la sostenibilidad. El arquitecto y urbanista Jordi Masalles advierte que Santo Domingo Este —donde actualmente se erige el complejo comercial City Center by Lady Lee— sufre un desorden estructural agudo a medida que la trama urbana se aleja del centro, evidenciando una notable ausencia de planificación integral.

En esa misma línea, el especialista en Planificación Estratégica Territorial, Reynaldo Peguero, cuestionó frontalmente el rigor en las permisologías de la capital dominicana. Peguero afirmó que las aprobaciones de proyectos se otorgan sin referencias sólidas de ordenamiento del suelo y propuso la creación de delegaciones municipales equipadas con cuadrillas de fiscalizadores georreferenciados para monitorear el cumplimiento normativo. A su juicio, la falta de coordinación interinstitucional y la gobernanza fragmentada entre alcaldías sabotean cualquier visión estratégica de largo alcance.

Hacia un nuevo marco regulatorio metropolitano

Frente a estas debilidades, las autoridades estatales reconocen la urgencia de articular el territorio. El viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías, admitió las dificultades para consolidar oficinas de planeamiento urbano mancomunadas debido a las reticencias de los grandes centros urbanos, a pesar de que la Ley 176-07 faculta dicha integración.

Para revertir este vacío, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) impulsa un anteproyecto de Ley de Planificación y Gestión Urbana destinado a reemplazar la obsoleta Ley 62-32 de 1963. La nueva normativa, concebida como complemento de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, incluirá regímenes sancionadores, criterios de distribución de cargas e infraestructuras, y se someterá a consulta pública antes de su entrega formal al Congreso Nacional, proyectada para inicios de 2027. Paralelamente, el Gobierno central ha puesto en marcha licitaciones para estructurar planes asociativos de gestión territorial tanto para la capital como para Santiago.