México enfrenta una paradoja económica sin precedentes en América Latina. Mientras la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum consolida un ambicioso Estado de bienestar basado en pensiones universales y subsidios sociales elevados a rango constitucional, las arcas públicas operan bajo una estructura tributaria marcadamente limitada. Con una recaudación que apenas alcanza el 15% del Producto Interno Bruto (PIB), el país se posiciona como el miembro con menor captación de impuestos dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo promedio ronda el 34%, situándose también muy por debajo de la media latinoamericana del 21%.

La anomalía tributaria y el peso de la informalidad

Uno de los ejemplos más claros de este desfase fiscal se observa en el impuesto predial, un gravamen municipal crucial para los servicios urbanos que en territorio mexicano apenas aporta un simbólico 0,2% del PIB, frente al 0,8% promedio en la región. A esto se suma que el valor catastral suele ubicarse entre el 30% y el 40% del valor comercial de los inmuebles. El Impuesto al Valor Agregado (IVA), fijado en un 16%, no solo es inferior a la norma regional, sino que contempla una tasa reducida a la mitad en municipios fronterizos y una amplia tasa cero para alimentos y medicinas básicas.

Especialistas coinciden en que el nudo del problema radica en factores estructurales de vieja data. Más de la mitad de la fuerza laboral mexicana opera en la informalidad, lo que pulveriza la base gravable en rentas del trabajo. Asimismo, el uso de efectivo sigue predominando frente a las transacciones digitales, limitando la fiscalización. Mientras las grandes corporaciones aportan una proporción similar a los estándares de la OCDE (3,9% del PIB), la tributación sobre los ingresos de personas físicas representa apenas el 3,7%, menos de la mitad del promedio internacional.

El agotamiento de la renta petrolera y la presión sobre los grandes contribuyentes

Durante décadas, el Estado compensó su endeble sistema tributario exprimiendo a Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, esa fuente tradicional de financiamiento ha perdido vigor: la carga impositiva sobre la petrolera estatal se redujo significativamente para evitar su colapso financiero y la producción cayó, haciendo que los ingresos petroleros pasaran de representar el 3,8% del PIB en 2019 a un 2,7% en 2025. Al quedarse sin el auxilio de la renta energética, el margen de maniobra presupuestario se ha estrechado drásticamente.

Para solventar este vacío sin quebrar la promesa política de no crear nuevos tributos ni subir los existentes —heredada de Andrés Manuel López Obrador—, el Ejecutivo ha enfocado su estrategia en cerrar brechas de evasión y combatir el fraude de facturación falsa. Gracias a la fiscalización agresiva y el cobro de créditos fiscales multimillonarios a grandes conglomerados, como el caso de Ricardo Salinas Pliego, la recaudación avanzó del 13% al 15% del PIB. No obstante, analistas económicos advierten que estas medidas administrativas ofrecen rendimientos decrecientes y no suplen las necesidades de financiamiento a largo plazo.

Riesgos en el horizonte macroeconómico

Con un gasto público que se sitúa en torno al 27% del PIB y una deuda soberana cercana al 55%, el equilibrio financiero luce cada vez más ajustado. Aunque la economía mexicana conserva estabilidad cambiaria y solidez macroeconómica, el débil crecimiento promedio —inferior al 2% anual en el último lustro— restringe la generación orgánica de ingresos.

La reciente iniciativa del gobierno para homologar y modernizar los catastros locales ya ha generado roces con la oposición política, que la cataloga como un aumento impositivo encubierto. Sin una reforma fiscal profunda e integral que amplíe la base de contribuyentes y formalice la economía, diversas agencias e instituciones de investigación advierten que mantener el nivel de gasto social mediante deuda podría poner en juego el grado de inversión del país, abriendo la puerta a tensiones inflacionarias y cambiarias de difícil contención.