El Estado dominicano enfrenta una paradoja financiera e institucional que desafía la lógica de la administración pública: mantiene registrados 44,094 inmuebles valorados oficialmente en más de RD$40.5 billones, mientras simultáneamente destina unos RD$12,000 millones al pago de alquileres para albergar dependencias gubernamentales. La cifra global fue revelada por el director general de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, al presentar los resultados del primer censo del patrimonio inmobiliario estatal; sin embargo, el anuncio omitió precisiones fundamentales, como el período exacto que abarca este gasto, el desglose institucional de los pagos y las identidades de los propietarios privados que se benefician de estos fondos públicos.

La opacidad se profundiza al contrastar los anuncios oficiales con los registros del Ministerio de Hacienda. Mientras Burgos Gómez mencionó públicamente un inventario de 44,000 propiedades tasadas en RD$44 billones, la memoria institucional de Hacienda sitúa la cifra en 44,094 bienes con una valoración de RD$40,510,937.3 millones. Más allá de esta discordancia de criterios y avalúos, el levantamiento censal no aclara la condición operativa de los inmuebles: se desconoce con precisión cuántas edificaciones están listas para uso inmediato, cuántas se encuentran en abandono o deterioro crítico y cuáles no cumplen con los estándares para brindar servicios a la ciudadanía.

Compromisos millonarios y contratos de hasta 30 años

El análisis de la ejecución presupuestaria confirma que el arrendamiento de locales se ha consolidado como una carga fija y creciente para el erario. Solo en 2024, el Presupuesto General del Estado asignó RD$4,822.8 millones para rentas, ejecutando más de RD$3,125 millones entre enero y septiembre. Paralelamente, auditorías a la documentación de la Contraloría General de la República revelan la firma de 1,215 contratos de alquiler entre septiembre de 2023 y octubre de 2024, que demandaron desembolsos por al menos RD$1,638.8 millones.

De estos acuerdos, 673 fueron renovaciones y 223 correspondieron a adendas, con plazos que en casos extremos alcanzan hasta 30 años de vigencia, lo que evidencia que el alquiler dejó de ser una salida coyuntural para convertirse en una política permanente de alojamiento estatal. Entre los desembolsos mensuales más onerosos destacan:

• Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH): RD$2.9 millones al mes.
• Tesorería de la Seguridad Social (TSS): RD$1.7 millones mensuales.
• Contraloría General de la República y Ministerio de la Mujer: compromisos de RD$1.4 millones cada uno.
• Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel): pagó durante más de una década unos US$100,000 mensuales por su sede principal, además de US$40,000 en estacionamientos, hasta que formalizó la compra de un edificio propio en marzo de 2025, proyectando un ahorro estatal de RD$1,540 millones en diez años.

Planes de rescate frente a deudas de transparencia

Como respuesta a las críticas, Bienes Nacionales ha planteado un plan escalonado para reubicar dependencias en inmuebles públicos recuperados. El programa contempla una primera fase con 11 edificaciones, una segunda etapa con 24 estructuras en 14 provincias y la meta de incorporar otros 34 edificios hacia 2027. Un referente de esta iniciativa es el edificio Juan Pablo Duarte en Bonao, acondicionado para concentrar a 33 entidades gubernamentales. Según las estimaciones de Burgos Gómez, esta estrategia permitiría un ahorro de RD$8,000 millones, reservando otros RD$4,000 millones para labores de mantenimiento.

No obstante, estas cifras siguen siendo proyecciones teóricas. La capacidad de rendición de cuentas de la entidad arrastra cuestionamientos documentados: la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) consignó en su memoria de 2023 que su equipo intentó infructuosamente coordinar reuniones y obtener respuestas de la dirección de Bienes Nacionales respecto a indagatorias sobre presunta usurpación de funciones en una oficina provincial.

El verdadero reto de la gestión pública no radica en exhibir un inventario billonario sobre el papel ni en multiplicar actos de corte de cinta. La eficiencia estatal se demostrará cuando se transparente el desglose de los RD$12,000 millones, se cancelen los contratos de alquiler injustificados y se transforme el patrimonio colectivo en espacios funcionales al servicio de la sociedad dominicana.