El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó este viernes una prórroga de 72 horas ante el Congreso Nacional para estructurar su defensa técnica frente al juicio político que amenaza con poner fin a su mandato. El proceso legislativo se desató a raíz de un severo colapso financiero que mantiene retenidos los fondos de casi la mitad de los ciudadanos del país sudamericano.

Peña debía comparecer ante la Cámara de Senadores luego de que el Parlamento decidiera pausar el conocimiento de su dimisión, la cual había sido formalizada por el propio mandatario apenas un día antes. A través de sus canales oficiales, el gobernante denunció irregularidades procesales: argumentó que fue notificado a altas horas de la noche con un libelo acusatorio acompañado de unas 300 páginas de anexos, otorgándole un margen inferior a las 12 horas para responder a las imputaciones.

Un terremoto financiero con impacto directo en el poder

El detonante de la crisis institucional fue la intervención estatal del Ueno Bank ejecutada el pasado martes por el Banco Central del Paraguay. La disposición conllevó el congelamiento inmediato de las cuentas de unos tres millones de usuarios, además de comprometer importantes recursos del erario público que se encontraban depositados en la entidad crediticia.

La situación salpica de manera directa a la figura presidencial. Peña, quien fue ministro de Hacienda antes de asumir el Ejecutivo en 2023, poseía participaciones accionarias en el grupo corporativo que administraba el banco intervenido, títulos de los cuales se desprendió a principios de 2025. El impacto del caso forzó la renuncia inmediata del presidente del Banco Central y aceleró pesquisas judiciales que ya dejan bajo arresto a ocho altos ejecutivos de la institución privada.

Estallido social en las calles

Mientras el presidente del Senado, Basilio Núñez, confirmó que los legisladores evalúan el pedido de prórroga introducido por el mandatario, el clima en las calles se torna cada vez más complejo. Ciudades neurálgicas como Asunción y Ciudad del Este han registrado jornadas consecutivas de intensas manifestaciones populares.

La ciudadanía movilizada, además de reclamar la restitución inmediata de sus ahorros congelados, exige la destitución formal de Peña e incluso clama por su enjuiciamiento penal, profundizando uno de los episodios de mayor fragilidad política e institucional que ha vivido Paraguay en los últimos años.