El regreso a las aulas en el estado La Guaira, una de las zonas más golpeadas por el doble terremoto que azotó el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, no ha traído la energía habitual del inicio de clases. Para la profesora Madeleine Cova, volver a mirar un salón significa confrontar la ausencia de más de dos centenares de rostros que solían llamarla por su nombre, compartir confidencias y buscar en ella una guía constante.

Cova, quien impartía Castellano y Literatura en el colegio privado Alejandro Otero y se desempeña como coordinadora en el liceo público Juan José Mendoza, vive sumida en un luto que desborda cualquier definición convencional. La catástrofe sísmica, que cobró la vida de más de 6,500 personas en el país caribeño y dejó miles de desaparecidos, golpeó con particular saña a su comunidad estudiantil. En el plantel público, la cifra de alumnos fallecidos ya supera los 230, con más de 200 menores cuyo paradero aún se desconoce, mientras que en la institución privada perdió a 16 jóvenes.

Pupitres vacíos y una matrícula diezmada

El impacto de la tragedia es palpable en la infraestructura y en la drástica reducción de la población estudiantil. El liceo Juan José Mendoza, que anteriormente operaba con unas 22 secciones de educación media general que iban desde la sección 'A' hasta la 'F' en distintos grados, tuvo que reorganizar su año escolar con apenas cinco secciones, limitadas a una por nivel.

Esta reducción radical responde tanto a las víctimas fatales como al éxodo forzado de familias que lo perdieron todo y debieron buscar refugio en otros estados del país. Los educadores reconocen que el golpe anímico es insostenible: no se trata simplemente de reorganizar horarios o contenidos programáticos, sino de asumir que una generación entera de jóvenes fue borrada del mapa por el colapso de sus viviendas.

La culpa del sobreviviente y el peso de la memoria

Para Cova, la pérdida trasciende el ámbito laboral. La docente mantenía un vínculo de cercanía con sus alumnos, a quienes consideraba extensiones de su propia familia. Esa estrecha relación ha dado paso a un persistente sentimiento de culpa: cuestionarse por qué no organizó una actividad fuera de la zona ese día feriado, o lamentar haberse trasladado a Caracas para asistir a una sobrina herida en lugar de participar directamente en las labores de rescate entre los escombros de Caraballeda.

El peso del duelo ha impedido que Cova regrese al colegio privado donde impartía clases. Intentar caminar por esos pasillos le genera un vacío físico que compara con la pérdida de una extremidad. Aunque continúa activa en el sector público, reconoce que el magisterio enfrenta una crisis emocional sin precedentes que exige atención psicológica urgente.

Sanar antes de educar: la contención como prioridad

La realidad es compartida por otros centros educativos de la costa venezolana. En Caraballeda, a escasos metros de la denominada zona cero, la directora de educación inicial Yssa Hernández, al frente de un plantel de la Asociación Civil Juvenil Alborada, reporta la muerte de ocho infantes y una matrícula que se desplomó de 110 inscritos a tan solo 11 para este ciclo lectivo.

Frente a este panorama, maestras como Laura Brito y Oneida Castillo han tenido que transformar el rol pedagógico en una trinchera de contención afectiva. Con el apoyo de organizaciones enfocadas en derechos de la infancia como Cecodap, los centros educativos buscan que este año escolar no esté centrado únicamente en el rendimiento académico, sino en la reconstrucción emocional de los niños y de los propios docentes, quienes deben sostener el duelo ajeno mientras intentan procesar el suyo propio.