El panorama político en Paraguay atraviesa horas de máxima tensión. Apenas horas después de ser separado del poder por el Senado debido a "mal desempeño de sus funciones", el expresidente Santiago Peña pasó su primera noche bajo custodia en el Regimiento de Escolta Presidencial (REP), en Asunción, luego de que las autoridades decidieran revocar su permanencia bajo arresto domiciliario por razones de seguridad.

La medida judicial se produjo a raíz del escándalo financiero en torno a la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), entidad en la que el ahora exmandatario figuró como accionista hasta el año 2025. La noticia de que Peña cumpliría prisión domiciliaria en su residencia del sector Santísima Trinidad encendió la indignación colectiva; decenas de manifestantes rodearon el inmueble exigiendo su reclusión en una cárcel común, registrándose incidentes violentos, lanzamientos de proyectiles y enfrentamientos que dejaron a un oficial herido y obligaron a la policía a dispersar a la multitud con perdigones.

Diligencias judiciales bajo estricta vigilancia

Ante el clima de crispación, los cuerpos de seguridad movilizaron de urgencia a Peña hacia la sede militar, el mismo destacamento que hasta hace poco resguardaba sus pasos como jefe de Estado. La fiscalía también debió reajustar su logística: la comparecencia inicial del exmandatario, fijada originalmente en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), se trasladó a la sede central del Ministerio Público en la capital paraguaya.

El abogado defensor, Ricardo Preda, cuestionó la privación de libertad provisional y reiteró que su cliente está dispuesto a someterse al escrutinio legal correspondiente. El proceso contra Peña tomó fuerza luego de que intentara presentar su renuncia ante el Congreso, una maniobra que la oposición interpretó como un intento por asegurarse una curul de senador vitalicio y con ello los fueros parlamentarios para evadir a la justicia ordinaria.

Medidas de contingencia para los ahorristas afectados

Mientras el caso judicial sigue su curso, la administración interina encabezada por el presidente Pedro Alliana intenta calmar las aguas económicas. La caída de Ueno Bank afectó directamente a casi tres millones de cuentahabientes que quedaron impedidos de acceder a sus recursos.

Frente a esta coyuntura, las autoridades financieras han desplegado una serie de medidas de emergencia:

• Desembolso estatal: El Banco Central de Paraguay comunicó que en las primeras jornadas se cubrió la garantía a casi 1.2 millones de usuarios, erogando cerca de US$160 millones (equivalentes a unos 996 millones de guaraníes).
• Protección de pensiones: El Instituto de Previsión Social (IPS), bajo la dirección de Derlis León, confirmó que más de 32,000 jubilados vinculados a la entidad recibirán sus pagos con normalidad.
• Compromiso gubernamental: El Ejecutivo interino ha reiterado que la prioridad inmediata del Estado es la devolución íntegra del capital a los depositantes perjudicados.