El panorama político e institucional de Paraguay vive momentos de máxima tensión. La Fiscalía de esa nación formalizó una grave acusación por presunta asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña y el exjefe del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, en el marco del sonado caso que rodea la intervención de Ueno bank, una entidad financiera que captó millonarias inyecciones de recursos estatales.

Este nuevo señalamiento agrava la situación procesal del exmandatario, sumándose a los cargos preliminares de lesión de confianza y administración en provecho propio. De acuerdo con el fiscal a cargo del caso, Christian Benítez, estos delitos constituyen figuras precedentes al lavado de activos. Frente a este panorama procesal, el Ministerio Público estima una expectativa de pena de hasta 15 años de prisión para el exjefe de Estado.

Estructura coordinada y detenciones en cadena

La ofensiva del Ministerio Público no se limita al expresidente. Las autoridades procedieron con el arresto del superintendente de bancos, Holger Insfrán, tras el allanamiento a su residencia, así como de los exintegrantes del directorio del BCP, Liana Caballero y Miguel Mora. Por su parte, Marco Aurelio González, quien fungió como directivo de la entidad monetaria y procurador general de la República, decidió entregarse voluntariamente ante una comisaría en Asunción.

La hipótesis que maneja la fiscalía sostiene que los implicados habrían articulado una red organizada con distribución de roles específicos para beneficiar de manera deliberada al conglomerado empresarial vinculado al Grupo Vázquez y Ueno bank. Según las pesquisas, los altos mandos financieros hicieron caso omiso a advertencias técnicas explícitas sobre excesos en límites crediticios e irregularidades operativas, omitiendo cualquier tipo de medida correctiva.

Un mandato truncado por el escándalo financiero

La debacle de Santiago Peña se aceleró de forma vertiginosa tras ser destituido recientemente por el Senado paraguayo mediante un juicio político por mal desempeño de funciones. Horas después de perder el poder, quedó bajo custodia policial a raíz de sus vínculos con Ueno bank, entidad que durante su gestión gubernamental concentró cuantiosos depósitos de entes públicos, entre ellos importantes reservas de las cajas jubilatorias del país.

El caso también coloca la lupa sobre Carlos Carvallo, quien presidió la financiera que dio origen a Ueno bank antes de asumir las riendas del Banco Central en 2023. Carvallo ahora enfrenta cargos adicionales por presunta producción y uso de documentos públicos de contenido falso, sumando más leña a un proceso judicial que promete reconfigurar el escenario político de la nación sudamericana.