El caso de Wilber Rafael Garcés Pérez, el repartidor venezolano de 28 años que fue baleado por la espalda por oficiales de inmigración en Austin, Texas, tomó un giro judicial complejo. La fiscalía federal presentó formalmente cargos de agresión en su contra, señalando que intentó evadir el arresto y puso en peligro la vida de los oficiales actuantes.

De acuerdo con las acusaciones sostenidas por Justin R. Simmons, fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas, el incidente se originó el pasado 20 de septiembre cuando efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron ejecutar una orden definitiva de expulsión emitida por un juez. Los documentos judiciales detallan que Garcés Pérez presuntamente golpeó a uno de los agentes con el retrovisor de su vehículo e intentó atropellar a otro al emprender la huida. De resultar culpable de los cargos imputados, el joven podría ser sentenciado a una pena de hasta 20 años de prisión.

Un diálogo cordial que terminó en disparos

El expediente del tribunal describe un giro inesperado en la interacción entre el conductor y las autoridades. Según la denuncia, Garcés Pérez entregó inicialmente su licencia de conducir y sostuvo una conversación en español con uno de los oficiales acerca de estacionar el vehículo de forma segura, describiéndose el intercambio como «cordial y no agresivo».

Sin embargo, cerca de un minuto más tarde, el conductor presuntamente subió la ventanilla de forma intempestiva y aceleró. Fue en esa maniobra cuando el retrovisor lateral impactó en el torso a uno de los agentes, identificado en los documentos oficiales con las iniciales L.G., desatando la respuesta armada que concluyó con el repartidor herido en la espalda.

El laberinto migratorio del solicitante de asilo

El trasfondo migratorio de Garcés Pérez añade otra dimensión al proceso. El joven venezolano había ingresado formalmente a territorio estadounidense en 2024 a través de la aplicación CBP One, mecanismo implementado bajo la administración de Joe Biden para gestionar solicitudes de asilo en puertos de entrada, el cual fue desestimado por Donald Trump al retomar el poder.

De acuerdo con la abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch, su defendido contaba con un permiso de trabajo vigente al momento del hecho. La letrada sostuvo que la orden de deportación en ausencia se produjo luego de que Garcés Pérez no se presentara a una audiencia judicial debido a que la notificación oficial fue enviada erróneamente a su domicilio anterior, dejándolo en un limbo legal que culminó en el violento altercado.