El sistema judicial de Estados Unidos enfrenta un nuevo y severo cuestionamiento tras la liberación de Douglas Stewart Carter, un hombre de 71 años que permaneció 41 años recluido en el corredor de la muerte en el estado de Utah. La justicia le otorgó la libertad bajo fianza luego de que rigurosos análisis de ADN confirmaran que su perfil genético no coincide con las muestras recabadas en la escena del crimen por el cual fue condenado a la pena capital en 1985.

Carter fue imputado en febrero de aquel año por el violento asesinato de Eva Olesen, pariente de un alto mando policial de la localidad de Provo. La víctima fue apuñalada reiteradamente y ultimada de un disparo en la cabeza dentro de su propio hogar. Aunque el acusado admitió los hechos en una declaración escrita tras ser localizado en Tennessee, a lo largo de las décadas sostuvo que su confesión fue completamente coaccionada por los agentes policiales encargados de los interrogatorios.

Un proceso plagado de anomalías e intimidaciones

El expediente judicial original carecía de pruebas físicas directas que situaran a Carter en la residencia de Olesen. Su condena inicial se sustentó casi exclusivamente en su declaración forzada y en testimonios de dos personas que aseguraban haberlo escuchado jactarse del crimen. No obstante, esos mismos declarantes admitieron años después que la policía los presionó para mentir bajo juramento, valiéndose de dádivas económicas y amenazas de deportación para forzar sus testimonios incriminatorios.

A estas revelaciones se sumó la denuncia de sus representantes legales sobre la retención deliberada de pruebas. Según la defensa, testimonios oculares iniciales indicaban que la persona vista huyendo del lugar era un hombre de tez blanca —Carter es afroamericano— y existían evidencias ignoradas que apuntaban hacia el esposo de la víctima, quien falleció en 2009. Ante este cuadro de irregularidades, el Tribunal Supremo de Utah anuló la condena el año pasado y ordenó un nuevo juicio.

La evidencia científica y el reclamo de justicia

El desenlace que permitió su salida provisional llegó con los resultados de laboratorio sobre material genético recuperado del pomo de una puerta y del mango del arma blanca utilizada en el homicidio: ninguno pertenece a Carter. Como medida preventiva, el juez dispuso que permanezca bajo monitoreo electrónico mediante una tobillera a la espera de la resolución definitiva del proceso.

La decisión fue objetada por los familiares de Eva Olesen. Durante la audiencia, Theresa Olesen, nuera de la víctima, manifestó el desacuerdo de los deudos argumentando que los resultados genéticos no excluían categóricamente su presencia. Por su parte, el abogado de la defensa, Neal Hamilton, ha solicitado la desestimación total de los cargos, destacando que, de haber continuado el curso arbitrario del Estado, Carter habría sido ejecutado hace más de quince años por un crimen ajeno.