El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ha puesto al descubierto un complejo esquema de defraudación pública dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa). El caso, denominado judicialmente como Senasa 2.0-A, involucra a unas 25 personas —en su gran mayoría médicos especialistas y exempleados de la entidad aseguradora estatal— acusadas de asociarse para sustraer millones de pesos mediante la facturación sistemática de servicios y procedimientos clínicos que jamás fueron prestados a los afiliados.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el entramado vulneró las bases de datos institucionales de Senasa para identificar usuarios con bajo consumo de servicios. A partir de esa información, los implicados tramitaban autorizaciones médicas fraudulentas a través del centro de llamadas, falsificaban rúbricas de pacientes y generaban expedientes clínicos ficticios con el fin de cobrar sumas millonarias al Estado dominicano, repartiéndose porcentajes ilícitos de entre un 40 % y un 60 % de los fondos desembolsados.

El engranaje interno y la articulación del fraude

El expediente coloca en el epicentro operativo a familiares y exempleados de la aseguradora. Uno de los principales señalados es Angeury Guzmán Vásquez, hermano de un antiguo auxiliar de Autorizaciones Médicas (Ángel Luís Guzmán Vásquez, detenido previamente). Angeury figura como titular de líneas telefónicas desde las cuales se gestionaban aprobaciones médicas con identidades falsas —como los alias recurrentes de "Pedro Martínez" o "Ángel Beltré"— generando movimientos por decenas de millones de pesos y registrando transacciones financieras en sus cuentas que superaban con creces sus ingresos salariales formales.

En este círculo de intermediación interna también resaltan excolaboradores de Senasa como Heidy Coronado Paulino, quien presuntamente utilizó credenciales, sellos y comprobantes de terceros para tramitar cobros atrasados; Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, supervisor de servicios señalado por movilizar transferencias bancarias no justificadas; y Lucreisy Polanco Núñez, vinculada a cuantiosos giros hacia la cuenta del articulador operativo central.

Médicos especialistas bajo el escrutinio penal

El expediente detalla la supuesta participación directa de cirujanos, ortopedas y ginecoobstetras que prestaron sus códigos profesionales para avalar las reclamaciones irregulares:

• Edwin Alberto Batista Cruz (Cirujano general): Citado decenas de veces en el expediente, presentó incrementos abruptos en su facturación desde principios de 2024 por drenajes y onicectomías nunca ejecutadas. Además, transfirió cerca de un millón de pesos a los cabecillas de la red.
• José Luís Díaz Hernández (Ortopeda y traumatólogo): Acusado de falsificar firmas para reportar reducciones complejas de luxaciones y fracturas. Las pesquisas interceptaron llamadas donde los articuladores justificaban autorizaciones alegando lesiones inverosímiles, como supuestos accidentes "tumbando aguacates". Durante su allanamiento le fue ocupada un arma de fuego y material informático.
• Carlos Job Ynoa Olivero (Ginecoobstetra): En sus auditorías se detectó la insólita inclusión de consultas ginecológicas facturadas a nombre de afiliados de sexo masculino, además de múltiples procedimientos no reconocidos por los pacientes.
• Einstein Rafael Borromé Valdez: Considerado por los investigadores como uno de los líderes médicos de la maniobra, con casi la totalidad de sus pacientes consultados negando haber recibido los servicios facturados.
• Engels Federico Díaz Mendoza, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Wander Manuel Díaz Encarnación y Laura Altagracia Santana Evangelista: Especialistas que mostraron patrones atípicos de facturación, reclamaciones extemporáneas y cruces de transferencias bancarias directas con los articuladores de la estructura.

El documento también individualiza la responsabilidad de profesionales de la salud como Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo; todos ellos vinculados a facturaciones inconsistentes, quejas de usuarios que jamás pisaron sus consultas y peritajes caligráficos del Inacif que confirman firmas apócrifas.

Tipificación de los delitos

El Ministerio Público ha imputado a los 25 investigados los cargos de asociación de malhechores, estafa agravada contra el Estado dominicano, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos falsos, crímenes y delitos de alta tecnología, violación a la Ley de Seguridad Social y lavado de activos. Con esta acción judicial, el órgano persecutor busca desmantelar una de las tramas más perjudiciales contra los fondos del sistema de salud pública del país.