El proceso judicial conocido como Senasa 2.0, actualmente en manos de las autoridades judiciales, tuvo su génesis en las propias entrañas de la aseguradora estatal. Una alerta interna sobre presuntos actos de corrupción en la gerencia de salud y afiliación de la entidad desencadenó la denuncia formal que hoy expone un desfalco preliminar calculado en unos 40 millones de pesos dominicanos.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción tramitada por el Ministerio Público, las irregularidades se concentraron en la emisión irregular de coberturas para consultas especializadas, cirugías y diversos procedimientos ambulatorios que jamás fueron solicitados ni recibidos por los afiliados afectados.

El modus operandi: llamadas y servicios ficticios

Las pesquisas establecen que la estructura criminal operó de manera sistemática entre enero de 2021 y septiembre de 2024. Para materializar los cobros indebidos, los implicados recurrían a una vía directa y recurrente: el centro de contacto telefónico de Senasa.

El expediente documenta que las solicitudes ilícitas se gestionaban desde líneas telefónicas específicas identificadas por los números 809-457-0438, 849-855-3822 y 809-617-2093. A través de estas llamadas, se tramitaban autorizaciones que luego engrosaban facturaciones a favor de prestadores cómplices, violando de forma flagrante los protocolos establecidos en la Ley 87-01 que rige el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Alianza criminal entre personal interno y sector salud

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) sostiene que se trata de una organización delictiva articulada con precisión, donde confluyeron colaboradores internos de Senasa y diversos actores del sector médico. La sinergia entre ambos bandos permitía burlar los filtros de validación y extraer fondos públicos sin levantar sospechas inmediatas de los pacientes suplantados.

Origen de la querella y postura oficial

El destape formal del caso cobró fuerza institucional a finales de 2024. El exdirector ejecutivo de la entidad aseguradora, Santiago Hazim, indicó previamente que su administración acudió ante el Ministerio Público mediante la Consultoría Jurídica para entregar un legajo probatorio que demostraba la manipulación deliberada del software de autorizaciones.

Esta ofensiva judicial también fue ratificada por el presidente Luis Abinader, quien confirmó que las pesquisas sobre presuntos actos de corrupción administrativa en la aseguradora pública responden a una instrucción promovida desde el propio tren gubernamental para frenar las fugas millonarias en el erario.