El saldo de al menos 107 personas fallecidas durante intervenciones de la Policía Nacional entre septiembre y octubre de 2026 ha colocado bajo una intensa lupa los protocolos del uso de la fuerza letal y los mecanismos de control institucional en la República Dominicana. El registro abarca 55 casos contabilizados oficialmente bajo la tipificación de «acción legal» en septiembre —representando el 44 % de los 125 homicidios de ese mes— y 52 muertes documentadas durante octubre en diversas provincias del país, marcando un sensible incremento frente a los ocho casos registrados en agosto, previo al inicio de la gestión del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García al frente de la institución del orden.

Investigaciones del Ministerio Público y querellas legales

Frente al recurrente argumento institucional de que las bajas se produjeron en intercambios de disparos contra presuntos infractores de la ley, las instancias judiciales han comenzado a movilizarse. En Santiago, la fiscal titular Quirsa Abreu confirmó que el Ministerio Público mantiene abiertas pesquisas sobre al menos ocho casos para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar posibles responsabilidades penales, en una demarcación donde murieron 15 personas en operativos entre mediados de septiembre y finales de octubre.

En paralelo, el plano legal escaló tras una querella formal depositada ante la Fiscalía del Distrito Nacional por un colectivo de juristas —entre ellos Carlos Balcácer, Cándido Simó y Valentín Medrano— contra el director general de la Policía y oficiales de la Dirección Central de Investigación (Dicrim). La acción exige el peritaje riguroso de autopsias, registros balísticos y cámaras de seguridad para verificar la cadena de custodia y descartar ejecuciones al margen del marco legal.

La postura oficial y los mecanismos de control

Ante los señalamientos, el mayor general Rodríguez García enfatizó la vigencia del debido proceso: «No hay condena sin pruebas», defendiendo la continuidad de la reforma institucional y el apego a los derechos fundamentales. Desde la vocería policial, el coronel Diego Pesqueira descartó la existencia de cualquier directriz gubernamental o institucional vinculada al denominado «código 29», destacando que más de 120 requeridos por la justicia han optado por entregarse voluntariamente.

Por su parte, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, rechazó de manera categórica los abusos policiales y subrayó los avances en supervisión tecnológica, destacando el despliegue de más de 8,000 cámaras corporales en agentes patrulleros y el respaldo de más de 10,000 dispositivos de vigilancia del Sistema 911. Raful reiteró que cualquier irregularidad comprobada derivará en sanciones disciplinarias y sometimiento a la justicia ordinaria.

Tensión en el Senado y denuncias internacionales

El impacto de estas muertes fracturó las posturas en el Congreso Nacional. Mientras el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, advirtió que «si la delincuencia se resuelve con el 29, cerremos los tribunales y ampliemos los cementerios», otros legisladores como Ramón Rogelio Genao y Rafael Barón Duluc manifestaron su respaldo irrestricto a la firmeza policial frente al crimen organizado y los delitos de alto impacto.

El escenario ha trascendido las fronteras locales con la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), que elevó una petición formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando investigaciones técnicas e independientes. Con la normativa policial vigente como referencia —la cual define la fuerza letal como un recurso de última instancia aplicable exclusivamente ante riesgos de muerte inminentes—, el país afronta la disyuntiva de fortalecer la seguridad pública sin fracturar el orden constitucional ni las garantías elementales del Estado de derecho.