En una decisión que redefine el rumbo judicial del sonado Caso Gavilán, la Corte de Apelación emitió un nuevo fallo sobre los recursos interpuestos contra la sentencia de primera instancia, disponiendo la absolución de uno de los acusados y fijando penas de entre dos y cinco años de reclusión domiciliaria para otros tres procesados.

El tribunal dictaminó la exoneración total de Víctor Gilberto Mercedes Gómez, ordenando el cese inmediato de las medidas de coerción en su contra y liberándolo de las costas procesales. Los jueces determinaron que el Ministerio Público no presentó una formulación precisa y debidamente delimitada de los cargos que se le atribuían dentro del supuesto entramado de corrupción.

Penas ratificadas y condiciones estrictas

Por otro lado, la alzada acogió parcialmente los recursos de otros procesados, pero mantuvo penas privativas de libertad bajo regímenes especiales:

• Luis Peña Cedeño: Condenado a cumplir dos años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario y al pago de una multa económica de RD$40,000.
• Pilar Irene Medina Trinidad de Dotel: Deberá purgar cinco años de prisión, distribuidos en tres años de arresto domiciliario y los dos restantes suspendidos condicionalmente. Además, se le impuso una sanción económica equivalente a 100 salarios mínimos del sector público.
• José Ramón Quezada Carmona: El tribunal desestimó su recurso y confirmó una condena idéntica de cinco años (tres en arresto domiciliario y dos condicionales), junto con la multa de 100 salarios mínimos estatales.

Para Medina Trinidad y Quezada Carmona, la suspensión condicional de la pena está sujeta a reglas estrictas: no podrán portar armas, tienen prohibido salir del país y deberán mantener actualizado su domicilio ante el juez de la ejecución de la pena. Cualquier violación a estas pautas revocará el beneficio de inmediato, obligándolos a cumplir el tiempo restante tras las rejas.

Un golpe al sistema de registros penales

El expediente del Caso Gavilán describe una sofisticada red criminal que operó en las sombras del aparato judicial dominicano. De acuerdo con las indagatorias de las autoridades, el grupo se dedicaba al borrado y manipulación deliberada de antecedentes penales y órdenes de captura a cambio de sobornos que oscilaban entre los RD$8,000 y RD$30,000 por trámite.

Se estima que la red ejecutó más de 16,000 alteraciones fraudulentas en las bases de datos oficiales. La estructura comenzó a desmantelarse formalmente en agosto de 2023 con una serie de operativos que dejaron una docena de detenidos, proceso que culminó en un juicio de fondo ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional antes de llegar a esta instancia de revisión.