El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Jhonny González, señalado como el presunto responsable de un sangriento asalto en el que resultó gravemente herido el joven Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk en el exclusivo sector de Serrallés.

La decisión fue tomada por el magistrado Rigoberto Sena, quien ordenó que el encartado cumpla el dictamen en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, tomando en cuenta la gravedad de los hechos imputados y el riesgo procesal.

Persecución hasta el lobby de la torre

El expediente acusatorio instrumentado por el Ministerio Público detalla que el incidente se originó durante la madrugada del 12 de septiembre, en momentos en que Mejía-Ricart Risk retornaba a su residencia conduciendo una motocicleta. En ese instante, el acusado lo interceptó de manera violenta para despojarlo de sus pertenencias.

A pesar de que la víctima logró avanzar hacia el interior del edificio para resguardarse, González lo persiguió hasta el área del lobby, propinándole múltiples estocadas con un arma blanca. En medio del ataque también resultó con lesiones el vigilante de la torre, Augusto González Rodríguez, quien intentó auxiliar al joven tras escuchar los gritos de auxilio. Consumada la agresión, el atacante emprendió la huida a bordo de una motocicleta.

Rastreo y allanamiento en Capotillo

El fiscal José Guillermo Soriano, representante del Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), sustentó la solicitud de coerción en una serie de pruebas contundentes. Entre las evidencias clave destaca el levantamiento de grabaciones de cámaras de videovigilancia que permitieron a los agentes trazar la trayectoria de escape del sospechoso hasta el sector Capotillo.

En dicha barriada las autoridades ejecutaron un allanamiento donde lograron arrestar a González e incautar el arma blanca presuntamente utilizada en la agresión, así como el vehículo de dos ruedas involucrado en la escena.

Consecuencias legales y estado de salud

Los juristas Ingrid Hidalgo y Manuel García, representantes legales de la familia afectada, calificaron de acertada y oportuna la medida impuesta por el juez. Señalaron que, ante la tipificación de tentativa de homicidio agravado y la multiplicidad de cargos que contempla el Código Penal junto a la Ley 631-16 de control de armas, la pena acumulada podría rondar hasta los 60 años de reclusión.

Por su parte, el padre de la víctima, Gustavo Mejía-Ricart, expresó su confianza en el sistema de justicia y manifestó que su hijo evoluciona favorablemente tras haber sido sometido recientemente a un nuevo procedimiento quirúrgico para tratar las heridas recibidas.