Aunque la Inspección Técnica Vehicular (ITV) quedó establecida como un mandato obligatorio en la República Dominicana a través de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su puesta en marcha acumula un retraso que roza ya una década. De acuerdo con los planes del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la aplicación de este mecanismo está proyectada recién para el periodo comprendido entre febrero y marzo de 2027, como parte de sus ejes para mitigar la asfixiante congestión que afecta las principales arterias del país.

El rezago se mantiene a pesar de que el Estado cuenta con el soporte legal necesario desde hace años, complementado por el Decreto 5-19 y la Normativa Técnica NT 001-2019. Sin embargo, en las calles y avenidas nacionales aún no se evalúan de manera periódica ni sistemática las condiciones operativas mínimas de los automóviles que transitan a diario.

Riesgo vial y puntos críticos en el tránsito

Desde el sector automotriz, la Asociación de Concesionarios y Fabricantes de Vehículos (Acofave) ha advertido sobre las consecuencias directas de esta inacción. El parque automotor dominicano circula sin un control riguroso de aspectos esenciales como el sistema de frenos, la dirección, la suspensión, el estado de las luces, los neumáticos y los niveles de emisiones contaminantes.

Esta ausencia de fiscalización técnica no solo degrada la calidad del aire y pone en peligro vidas humanas, sino que dinamita la fluidez del tránsito urbano. Un vehículo en malas condiciones mecánicas que sufre una avería en una vía concurrida se convierte de inmediato en un obstáculo severo, agravando el colapso del sistema vial metropolitano.

Demandas de rigor e independencia técnica

Con la mira puesta en el horizonte de 2027, representantes del sector han enfatizado que la implementación de la ITV no puede limitarse a un trámite burocrático, sino que debe ejecutarse bajo criterios de máxima transparencia, capacidad técnica e independencia operativa. En ese sentido, se insiste en que el operador adjudicado no debe poseer vínculos ni conflictos de interés con importadores, concesionarios, talleres mecánicos, aseguradoras ni gremios del transporte público.

Para asegurar la credibilidad del proceso, se exige además que el gestor seleccionado acredite certificaciones internacionales de calidad, tales como la norma ISO/IEC 17020, y que el concurso para su contratación sea plenamente competitivo. El éxito de la iniciativa dependerá también de su articulación con normativas conexas, entre ellas la correcta aplicación del Decreto 258-20 para el transporte de carga, la actualización de los límites de emisiones y una mejora integral en los estándares de calidad de los combustibles disponibles en el mercado dominicano.