El acceso efectivo a la salud en la República Dominicana enfrenta uno de sus momentos más críticos debido a los constantes cobros adicionales que deben asumir los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS). Con tarifas de copago en consultas especializadas que en muchos casos superan los RD$3,000, los datos financieros proyectan que el gasto directo de bolsillo de la población sobrepasará los RD$24 mil millones para este 2026. Esta realidad ha reactivado un intenso debate institucional entre las entidades reguladoras, el gremio médico y los prestadores privados.

Sisalril busca frenar la escalada económica

Frente al malestar ciudadano, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), bajo la dirección de Miguel Ceara Hatton, confirmó que trabaja en una serie de propuestas técnicas que serán elevadas al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). La entidad fiscalizadora explicó que se encuentra estructurando mecanismos viables para mitigar esta carga financiera sobre las familias dominicanas, evaluando los costos de los distintos sectores con el objetivo de equilibrar las tarifas antes de formalizar las medidas normativas.

Médicos apuntan a las deficiencias de las ARS

Por su parte, el Colegio Médico Dominicano (CMD) rechazó que los galenos sean señalados como los únicos responsables de estos desembolsos. El presidente del gremio, Luis Peña Núñez, argumentó que si las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) ofrecieran una cobertura integral y efectiva, los pacientes no tendrían que pagar diferencias que rondan habitualmente los RD$2,000. Peña Núñez enfatizó que las aseguradoras continúan dejando desprotegidos a los usuarios ante enfermedades catastróficas y el alto costo de los medicamentos, obligando a los pacientes a recurrir a sus propios fondos para cubrir atenciones esenciales.

Andeclip exige la indexación que manda la ley

Desde el sector privado, la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip) expuso que el sistema arrastra un desfase histórico en sus tarifas. Severo Mercedes, primer vicepresidente de la entidad, recordó que el artículo 173 de la Ley 87-01 ordena revisar anualmente los honorarios profesionales, disposición que acumula más de dos décadas sin cumplirse a cabalidad. Mercedes subrayó que, desde la puesta en marcha del Plan Básico de Salud en 2007, existe un rezago de indexación superior al 80% pendiente para las prestadoras, señalando que la raíz del desequilibrio reside en las fallas estructurales del propio sistema y no en los centros asistenciales.

Denuncian ilegalidad y distorsión del sistema

En contraste, la Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT), encabezada por Arismendi Díaz Santana, calificó los cobros discrecionales como ilegales y abusivos. Díaz Santana advirtió que la fijación arbitraria de tarifas por parte de especialistas es la causa principal de que el gasto familiar de bolsillo represente el 43% del gasto total en salud del país, a pesar de que el sistema exhibe una cobertura teórica del 97% de los ciudadanos. La organización respaldó las iniciativas de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) para poner límites estrictos y regularizar un esquema de pagos que, según señalaron, evade mecanismos de transparencia fiscal y vulnera la Ley 87-01.