El colapso diario del tránsito en el Gran Santo Domingo ha colocado a las autoridades frente a la urgencia de soluciones estructurales. Ante este panorama, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ha presentado un ambicioso plan de contingencia y modernización estructurado en cinco ejes prioritarios, con el que promete poner freno definitivo a los interminables tapones que asfixian la movilidad urbana.

El director ejecutivo del Intrant, Juan Manuel Méndez García, detalló que la estrategia integral contempla la puesta en marcha de un centro de monitoreo avanzado, la digitalización de las infracciones, una intensa campaña de comunicación institucional y dos hitos tecnológicos clave: la renovación de la red de semáforos inteligentes y la implementación formal de la inspección técnica vehicular. De acuerdo con el cronograma oficial, los primeros dispositivos semafóricos inteligentes entrarán en operación entre enero y febrero de 2027, mientras que las revisiones técnicas a los automóviles se proyectan para iniciar entre febrero y marzo de ese mismo año.

Control estricto al transporte pesado

Uno de los puntos neurálgicos de la intervención es el ordenamiento de los vehículos de carga. Para despejar las vías de mayor flujo, el Intrant coordina acciones conjuntas con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Comisión Militar y Policial (Comipol) y las distintas alcaldías de la demarcación metropolitana, haciendo especial énfasis en el Distrito Nacional.

El objetivo inmediato es asegurar que los camiones y furgones transiten de manera estricta y obligatoria por el carril derecho de las arterias principales. Méndez García explicó que este protocolo se encuentra en su fase final de evaluación, tomando como base las rutas y puntos de circulación definidos en un plan piloto que data del año 2022.

Fiscalización desde el punto de venta de motocicletas

El plan también aborda la proliferación del parque de dos ruedas. Las autoridades gestionan un marco de regulación directo con las empresas importadoras y comercializadoras de motocicletas, estableciendo como requisito innegociable que ningún comprador retire una unidad sin portar su debida licencia de conducir y su casco protector reglamentario.

Finalmente, la dirección del organismo rector del transporte subrayó que, si bien el Estado asume la responsabilidad de organizar la fiscalización y la infraestructura técnica, el éxito de estas medidas dependerá en gran medida de un cambio de conducta cívica y del respeto irrestricto de la ciudadanía hacia las leyes de tránsito.