Las investigaciones en torno a la denominada Operación SeNaSa 2.0-A han puesto al descubierto los insólitos alcances de una presunta red criminal dedicada a defraudar los fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). De acuerdo con la solicitud de medida de coerción de 525 páginas depositada por el Ministerio Público contra 25 personas —entre excolaboradores de la aseguradora, profesionales de la medicina y particulares—, el grupo tramitó autorizaciones fraudulentas para cobrar procedimientos que jamás se ejecutaron, llegando incluso a facturar consultas de ginecología a nombre de afiliados masculinos.

Perfiles seleccionados y suplantación deliberada

Los titulares de la Dirección General de Persecución y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y Mirna Ortiz, sostienen que los imputados se valieron de información confidencial y del dominio de los protocolos internos de la institución estatal. La red elegía estratégicamente a afiliados con baja frecuencia de visitas médicas para minimizar el riesgo de ser descubiertos, procediendo a emitir reclamos a sus nombres. Al ser entrevistados por las autoridades, varios de los afectados manifestaron desconocer los servicios cobrados y señalaron que ni siquiera tenían conocimiento de la existencia de los médicos firmantes.

Para saltarse los controles del centro de llamadas de la institución, los miembros del entramado operaban bajo identidades ficticias como Pedro Martínez, Ángel Beltré y Amauris Gutiérrez. Utilizaban los códigos profesionales de facultativos pertenecientes a la red, quienes a cambio de compensaciones económicas facilitaban sus credenciales para autorizar consultas e intervenciones ambulatorias que carecían de historiales clínicos, registros quirúrgicos, cédulas o sellos de los prestadores.

Falsificación y transferencias bajo el radar

El órgano persecutor documentó además la falsificación sistemática de firmas de los usuarios para validar los expedientes y cobrar los montos a SeNaSa. La estructura operaba con una clara división de roles: unos extraían la data, otros tramitaban los códigos ante la central telefónica y los receptores canalizaban los pagos en el sistema de salud.

El rastreo financiero de la Pepca también reveló maniobras para blanquear las ganancias ilícitas a través de transferencias bancarias con conceptos domésticos y coloquiales. Entre las descripciones utilizadas para justificar los depósitos figuraban glosas como "pago a San de madre", "San de tu madre" y "pago préstamo Ángel Luis Guzmán", buscando eludir la supervisión bancaria. Con estos elementos, el Ministerio Público formalizó su solicitud de coerción ante los tribunales, buscando sanciones para los 25 imputados de este masivo esquema de corrupción.