El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, bajo la presidencia de la magistrada Ana Lee Florimón, autorizó una serie de allanamientos solicitados por el Ministerio Público en el marco de una investigación penal por presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), cuyo perjuicio preliminar sobrepasa los RD$40 millones.

La orden judicial faculta al órgano acusador a ocupar bienes, documentación física y digital, libros contables, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo de origen sospechoso, con la orden explícita de extraer y procesar la información digital que sea estrictamente pertinente al esclarecimiento de las maniobras ilícitas investigadas, preservando la intimidad de terceros ajenos al proceso.

El esquema: suplantación y llamadas no reconocidas

El expediente se originó tras una denuncia interpuesta formalmente por la propia administración de SeNaSa a finales de noviembre de 2024. Las alarmas institucionales se activaron al identificar irregularidades sistemáticas en la validación de coberturas médicas entre enero de 2021 y septiembre de 2024.

De acuerdo con la hipótesis de los fiscales, el entramado utilizaba distintas líneas telefónicas para comunicarse con el centro de atención al usuario (call center) de SeNaSa y tramitar aprobaciones para procedimientos quirúrgicos, exámenes ambulatorios y consultas especializadas. Posteriormente, los afiliados a cuyo nombre se emitían los reclamos manifestaban no haber requerido ni recibido tales atenciones, lo que evidencia una presunta colusión entre personal interno de la aseguradora estatal, profesionales de la salud y particulares para desviar recursos públicos.

Un robusto acervo probatorio

Para sustentar los registros, el Ministerio Público presentó un legajo compuesto por 37 elementos de prueba, que incluyen auditorías médicas internas, transcripciones de interceptaciones telefónicas autorizadas, certificaciones de prestadoras de telecomunicaciones como Altice Dominicana, informes de la Superintendencia de Bancos y documentación de entrega voluntaria ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

En la relación documental presentada en estrados figuran profesionales del sector médico como Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Laura Altagracia Santana Evangelista, Einstein Rafael Borromé Vásquez y Hanna Rashell Rodríguez Almánzar. Asimismo, el expediente resalta elementos vinculados a Ángel Luis Guzmán Vásquez, excolaborador desvinculado de la institución, junto a registros de la Tesorería de la Seguridad Social y de la Junta Central Electoral.

Alcance de las pesquisas

Las diligencias de registro e incautación abarcaron propiedades y domicilios de una treintena de personas investigadas, entre ellas Juan Henry Poueriet, Wellington Arístides Ledesma Cáceres, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Steven Alexander Rabassa Fernández, Marcelino Eusebio Figuereo, Eulalia Fiordaliza Castro López, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Diclo Garabito y miembros de la familia Guzmán Vásquez, entre otros vinculados.

La magistrada fijó una vigencia de 15 días hábiles para la ejecución de los allanamientos conforme a los preceptos del Código Procesal Penal dominicano. La investigación continúa abierta para determinar la individualización penal y eventual sometimiento de todos los implicados en la estafa.