El acceso a la justicia para Mildred Alexandra Rivas Felizola permanece en un limbo procesal. La ciudadana de origen venezolano exige la entrega inmediata de la sentencia íntegra que declaró extinguido el proceso penal contra su expareja, el militar y empresario Orlando Ramírez Martínez, acusado de violencia de género agravada y trata de personas.

Sin este documento judicial formal y motivado, la víctima se encuentra atada de manos para ejercer su derecho constitucional a la apelación. Aunque el Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís fijó la lectura íntegra del dictamen para el pasado 23 de octubre, a la fecha el fallo no ha sido notificado a las partes.

Decisión controversial por vencimiento de plazo

El pasado 2 de octubre, los magistrados Carlos Peña Martínez, Delfina Phillipes Silvestre y Johan Manuel Medina Polanco acogieron un pedimento de la defensa técnica y dictaminaron la extinción de la acción penal alegando el vencimiento del plazo máximo del proceso. La decisión favoreció directamente a Ramírez Martínez en lo que representó la primera audiencia celebrada por dicho colegiado, luego de que los jueces que conocían previamente el expediente se inhibieran de la causa.

Frente al retraso en la entrega de la sentencia, el Ministerio Público ha intensificado las acciones legales. La procuradora adjunta y coordinadora del caso, María del Carmen de León, tramitó una solicitud formal de pronto despacho y, tras no recibir respuesta oportuna del tribunal, interpuso una queja formal por retardo de justicia en perjuicio directo de la víctima.

Años de dilaciones procesales

El expediente judicial, que se remonta a múltiples querellas, ha estado condicionado por constantes aplazamientos e interrupciones. A pesar de que desde el año 2022 se dictó auto de apertura a juicio, las reiteradas suspensiones impidieron que el Ministerio Público pudiera formalizar la presentación de su acusación sustantiva en audiencia de fondo.

Durante los debates, la representación del Ministerio Público argumentó que las continuas dilaciones no eran imputables a la parte acusadora y que el paso del tiempo afectaba en primer orden la estabilidad y seguridad de la denunciante; sin embargo, el tribunal desestimó estas observaciones al momento de declarar el cierre de la causa penal.

Familiares y allegados de Rivas Felizola han alzado la voz para advertir que la retención indebida del documento judicial vulnera las garantías del debido proceso y bloquea de facto la tutela judicial efectiva, dejando desprotegida a una víctima de delitos graves de género cometidos presuntamente prevaliéndose de investidura militar.