La violencia que golpea a los sectores populares dominicanos no responde únicamente al crimen organizado ni a la delincuencia común: nace, en gran medida, de la intolerancia cotidiana. Así lo advirtió la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, al plantear la urgencia de un pacto de Estado integral contra la criminalidad que priorice la prevención comunitaria y atienda los detonantes sociales antes de que escalen a tragedias irreparables.

Durante un foro regional sobre convivencia barrial celebrado en las instalaciones de la Universidad Católica Nordestana (UCNE), en San Francisco de Macorís, la titular del Ministerio Público reveló cifras alarmantes: cerca del 56% de los homicidios registrados en el país se vinculan de forma directa con la intolerancia, discusiones interpersonales, disputas intrafamiliares y el consumo desmedido de alcohol. Reynoso precisó que, si bien República Dominicana ostenta una tasa de homicidios cercana a 7.4 por cada 100,000 habitantes —notablemente inferior a naciones como Costa Rica (17), Colombia (25) o Ecuador (más de 50)—, la particularidad local radica en el desproporcionado peso que tienen los roces sociales en las muertes violentas.

El ruido: un foco silencioso de violencia

Entre los factores más corrosivos para la paz vecinal, la procuradora situó la contaminación acústica. Detalló que, entre el 1 de enero y el 7 de agosto, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 computó 91,423 denuncias por exceso de ruido, focalizadas primordialmente en el Gran Santo Domingo y Boca Chica. De estas quejas, el 52.4% se concentró durante los fines de semana, convirtiéndose en el combustible de riñas, agresiones físicas y desenlaces fatales por discusiones vecinales tan absurdas como el volumen de la música o deudas insignificantes.

El diagnóstico oficial también arrojó una radiografía del expediente judicial: durante 2025, el órgano persecutor tramitó 236,783 casos, de los cuales 73,295 correspondieron a violencia intrafamiliar, de género y sexual, sumados a más de 26,000 amenazas de muerte. Para la magistrada, la violencia que se tolera puertas adentro inevitablemente se derrama y estalla en la vía pública.

Regulación de motores y combate a mercados ilícitos

Reynoso enfatizó la necesidad de estrangular los mercados ilegales que financian o facilitan el crimen menor. Apuntó que más del 80% de los asaltos callejeros y el 70% de los accidentes de tránsito fatales involucran motocicletas, razón por la cual urgió a imponer un registro estricto sobre estos vehículos. Del mismo modo, exhortó a las empresas de telecomunicaciones a bloquear de manera definitiva la activación de teléfonos móviles reportados como robados para erradicar el incentivo económico de los atracos violentos.

Entre las iniciativas planteadas por el Ministerio Público se contemplan una Ley de Convivencia Ciudadana, un sistema unificado de datos sobre seguridad y el refuerzo del seguimiento a la deserción escolar a través de trabajadores sociales, para evitar que la juventud vulnerable sea captada por la marginalidad.

Respuesta a la comunidad en San Francisco de Macorís

El encuentro, que contó con la participación del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, el senador provincial Franklin Romero y autoridades eclesiásticas encabezadas por monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, sirvió además para canalizar reclamos locales urgentes. Frente a la falta de espacio para 82 estudiantes con necesidades pedagógicas especiales en el Laboratorio de Recuperación Pedagógica (LARPE), se acordó la habilitación de un inmueble temporal facilitado por el legislador provincial mientras se gestiona la edificación definitiva de un plantel modelo, ratificando que la convivencia y la cohesión social se construyen respondiendo a las necesidades de la gente.