El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ratificó la vigencia del proceso judicial que se sigue contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, y varios de sus presuntos colaboradores, al rechazar de manera unánime la solicitud de extinción de la acción penal por alegado vencimiento del plazo máximo promovida por las defensas técnicas de 13 de los acusados.

El colegiado, integrado por las magistradas Claribel Nivar (presidenta), Yisell Soto y Clara Castillo, concluyó que el transcurso del tiempo en el expediente no obedece a una inercia o dilación atribuible a la administración de justicia. Las juezas argumentaron que la duración responde estrictamente a la voluminosidad del expediente y al accionar procesal de las propias partes, advirtiendo que la extinción no opera por un simple cómputo aritmético, sino conforme al criterio de plazo razonable dictado por el Tribunal Constitucional.

Un expediente de alta complejidad

Durante la motivación del fallo, la magistrada Clara Castillo enfatizó que el expediente no ha permanecido paralizado en sede judicial, destacando que anular el proceso en esta etapa desconocería los esfuerzos desplegados para tramitarlo. Entre los imputados a quienes les fue rechazado el incidente figuran Altagracia Guillén Calzado, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, Miguel José Moya, Rafael Antonio Merhems Sena, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos Acosta y Félix Antonio Rosario Labrada.

Tras emitir el dictamen oral, el tribunal fijó la lectura integral de la resolución para el 13 de octubre y recesó la audiencia de fondo para el lunes 28 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.

Firmeza del Ministerio Público

El dictamen acogió los argumentos presentados por la representación del Ministerio Público, encabezada por el titular de la Dirección General de Persecución, Wilson Camacho, y la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, acompañados de los fiscales Emmanuel Ramírez, Rosa Alba García, Melbin Romero y Miguel Collado. El órgano persecutor insistió en que acoger dicho incidente habría significado cerrar las puertas a la determinación de responsabilidades en torno a un presunto desfalco que supera los RD$6,000 millones.

Esta decisión se alinea con el criterio que el mismo tribunal adoptó el pasado mes de agosto, cuando denegó una pretensión idéntica planteada por la defensa del propio Jean Alain Rodríguez, quien enfrenta cargos por supuestas irregularidades y actos de corrupción durante su gestión ministerial entre 2016 y 2020.