El litigio judicial entre la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el comunicador Ángel Martínez llegó a su desenlace procesal luego de que el imputado admitiera formalmente su responsabilidad penal por los delitos de difamación e injuria. La decisión fue homologada mediante la modalidad de procedimiento abreviado por los jueces de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.

La sentencia impone a Martínez una condena de un año de prisión bajo régimen de pena suspendida, combinada con una compensación económica por daños y perjuicios. Como parte de las condiciones obligatorias para conservar la libertad condicional bajo vigilancia del juez de ejecución de la pena, el tribunal le prohibió expresamente realizar cualquier tipo de mención o comentario sobre Raful a través de plataformas digitales, redes sociales o medios de comunicación convencionales.

Reivindicación de la dignidad ciudadana

A su salida del tribunal, la también exsenadora del Distrito Nacional subrayó que este fallo representa un acto de justicia que restablece su honor frente a una campaña de falsedades, aunque precisó que las sanciones económicas y penales nunca logran borrar por completo el daño infligido.

"Hemos cumplido con lo que nos demandaba nuestro honor y nuestra dignidad. La justicia ha sido independiente y valoró las evidencias reales", enfatizó Raful, al tiempo que recordó que el respeto a la dignidad personal es un derecho fundamental amparado por la Constitución dominicana.

Asimismo, la titular de Interior y Policía extendió un llamado de atención al ecosistema de medios y creadores de contenido del país, exhortándolos a ejercer la libertad de expresión apegados a la ética y el contraste de fuentes, evitando recurrir a la mentira deliberada que vulnera la integridad moral de los ciudadanos.

Responsabilidad penal explícita

Por su parte, el abogado Miguel Valerio, representante legal de Raful, destacó la trascendencia procesal del fallo al remarcar que el caso no se cerró con una simple disculpa pública o retractación retórica, sino con una declaratoria explícita de culpabilidad admitida en estrado por el imputado.

Valerio puntualizó que el reconocimiento penal por parte de Martínez desmantela cualquier pretensión de veracidad sobre las acusaciones que emitió en el pasado, consolidando un mensaje claro frente a la ligereza con la que se difunden imputaciones lesivas en el debate público.