La Segunda Sala Penal del Distrito Nacional dictó sentencia condenatoria contra el comunicador Ángel Martínez, imponiéndole un año de prisión suspendida tras declararse culpable del delito de difamación en perjuicio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

La decisión fue emitida por la magistrada Clara Luz Almonte al acoger la solicitud de un procedimiento penal abreviado, concertado de mutuo acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa técnica del procesado. Durante el conocimiento del proceso, Martínez reconoció voluntariamente los hechos imputados y extendió una disculpa pública a la funcionaria, admitiendo que en ocasiones previas ya se había retractado de afirmaciones lesivas proferidas contra su honor a través de plataformas digitales, en violación a las disposiciones de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Condiciones impuestas y advertencia judicial

Para conservar el beneficio de la suspensión condicional de la pena, el tribunal dispuso una serie de medidas de estricto cumplimiento para el imputado. Entre ellas destaca la prohibición absoluta de realizar cualquier mención, comentario o publicación que involucre a Faride Raful, ya sea en redes sociales, medios convencionales o cualquier otra vía de difusión.

Asimismo, Martínez deberá fijar y mantener un domicilio formalmente registrado ante la corte, notificar de inmediato cualquier eventual mudanza y comparecer periódicamente ante el juez de ejecución de la pena para supervisión. La jueza advirtió de manera explícita que la violación de cualquiera de estas restricciones revocará de inmediato el beneficio procesal, obligándolo a purgar la condena íntegra de un año tras las rejas.

Indemnización civil millonaria

En el plano de la responsabilidad civil, la magistrada dio curso favorable a la constitución en actor civil encabezada por el abogado Miguel Valerio en representación de Raful. Consecuentemente, se fijó una reparación económica de RD$2 millones a favor de la ministra, monto convenido previamente dentro del marco del acuerdo judicial.

Al motivar la sentencia, la jueza Almonte subrayó la relevancia de salvaguardar la intimidad, la dignidad y el sosiego moral y familiar de los ciudadanos ante ataques lesivos en medios masivos. También llamó la atención del encartado sobre la recurrencia de este tipo de conductas en los tribunales, instándolo a rectificar de raíz su accionar público. La lectura íntegra de la sentencia quedó pautada para el próximo 14 de octubre.