En el marco de la conmemoración del aniversario de la proclamación de la primera Carta Magna dominicana, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) se trasladó a San Cristóbal para celebrar una audiencia solemne cargada de mensajes contundentes hacia los demás poderes del Estado. Encabezados por su presidente, Napoleón Estévez, los 13 jueces de la alta corte recordaron a las autoridades presentes que asumir funciones públicas implica el compromiso irrenunciable de acatar los mandatos de la ley fundamental.

El evento contó con la presencia de figuras de primer nivel, incluyendo a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña —en funciones de mandataria interina mientras el presidente Luis Abinader asiste a la Cumbre Iberoamericana en España—, legisladores y el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García.

La mora legislativa: 16 años sin ley de referendo

Uno de los llamados de atención más directos provino de la magistrada Sonia Díaz, quien cuestionó duramente la inacción del Congreso Nacional frente al mandato del artículo 210 de la Constitución. Dicho artículo consagra el referendo como mecanismo de consulta popular y democracia participativa, una figura incorporada en la reforma del año 2010 que, dieciséis años después, sigue sin una ley orgánica que regule sus distintas modalidades (consultivas, aprobatorias y municipales).

Díaz subrayó que esta omisión limita de forma directa el derecho de la ciudadanía a decidir sobre asuntos de trascendencia nacional. Asimismo, recordó que el propio Tribunal Constitucional, mediante la sentencia 0133 de 2021, otorgó al Poder Legislativo un plazo perentorio de dos años para subsanar este vacío legal, disposición que los congresistas han dejado vencer sin aprobar la normativa correspondiente.

Un freno constitucional al "ojo por ojo"

Por su parte, el magistrado Domingo Antonio Gil abordó las garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva consagradas en el artículo 69 de la norma suprema. Con una postura firme, Gil dirigió su mensaje a los organismos castrenses y policiales, recordándoles que la persecución del delito debe canalizarse exclusivamente a través de los tribunales de justicia.

El juez advirtió que apartarse de las vías judiciales convierte a la sociedad en una "selva" y remarcó que el ordenamiento jurídico dominicano prohíbe categóricamente la justicia del talión: la doctrina del "ojo por ojo y diente por diente". Estas declaraciones resonaron con particular fuerza ante la presencia de la cúpula policial, en un contexto marcado por el debate público en torno a las muertes de presuntos delincuentes durante los denominados intercambios de disparos con agentes del orden.

La cuna de la Constitución como recordatorio democrático

La sesión extraordinaria se llevó a cabo en San Cristóbal por su condición histórica de cuna constitucional, demarcación donde en noviembre de 1844 se firmó el texto fundacional de la República Dominicana. Con este acto, la alta corte buscó reafirmar su rol de garante de los derechos fundamentales, recordando que ninguna autoridad ni cuerpo armado está por encima de las directrices fijadas en la Carta Magna.