El director general de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, defendió con firmeza la transparencia y el rigor técnico aplicados en el proceso de licitación para los servicios de alimentación escolar del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), correspondiente al período 2026-2028.

Al abordar las recientes críticas formuladas por sectores de la oposición sobre los pliegos de condiciones, Pimentel fue categórico al señalar que dichos señalamientos surgen «desde la ignorancia» y forman parte de una narrativa de manipulación. Las declaraciones del funcionario se producen luego de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitara una indagatoria sobre el proceso bajo la referencia Inabie-CCC-PLN-2025-0045, cuestionando tanto la capacidad de los proveedores seleccionados como los criterios aplicados por los peritos evaluadores.

Un proceso enfocado en las Mipymes

Frente a estas inquietudes, el titular de la DGCP subrayó que la supervisión estatal se ejecuta mediante análisis objetivos y preventivos, recordando que el órgano rector tiene la facultad de emitir observaciones vinculantes que deben ser asumidas por las instituciones contratantes. Enfatizó, además, que esta convocatoria buscó democratizar el acceso y potenciar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en las cocinas del programa escolar.

En cuanto a las métricas del certamen, Pimentel detalló el alcance del proceso:

• 2,650 ofertas fueron recibidas y evaluadas.
• 1,500 suplidores resultaron formalmente adjudicados.
• Cerca de 1,000 participantes no calificaron para esta etapa.

Recursos en curso y marco legal

Pimentel confirmó que la entidad rectora se encuentra apoderada de 80 recursos administrativos presentados por proponentes inconformes. Aseguró que cada caso será debidamente ponderado dentro de los plazos normativos, garantizando que bajo ninguna circunstancia se recurrirá al silencio administrativo.

Finalmente, el funcionario contextualizó la relevancia de estos procesos a la luz del reciente Decreto 672-26, emitido por el Poder Ejecutivo con el propósito de convertir las compras públicas en un catalizador del desarrollo productivo nacional, recordando que el 32 % del Presupuesto General del Estado se destina anualmente a la contratación de obras, bienes y servicios.