En un esfuerzo por frenar las recurrentes intoxicaciones y proteger los recursos agrícolas del país, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura un proyecto de ley que regulará los mecanismos de prevención y control de plagas en la República Dominicana. La iniciativa, que ahora pasa a la consideración del Senado, establece un régimen sancionador estricto contra las malas prácticas agrícolas y el manejo negligente de sustancias químicas.

El proyecto, sometido por el legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Dajabón, Adelso Rubén Contreras, tipifica como falta grave en su artículo 79 la aplicación indebida de plaguicidas, nutrientes vegetales y coadyuvantes que desatienda las recomendaciones técnicas y derive en daños a terceros o contaminación ambiental. Para estos casos, el pliego legislativo contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas de RD$5 millones, además de la obligación de indemnizar a las víctimas afectadas.

Respuesta ante intoxicaciones en comunidades escolares

La aprobación cobra especial relevancia en momentos en que diversas comunidades rurales han denunciado intoxicaciones masivas de estudiantes y docentes debido a fumigaciones descontroladas en parcelas colindantes a recintos educativos. Casos como el registrado el pasado 23 de septiembre en la escuela Amiama Gómez, en la provincia de Azua, donde dos menores de 11 y 15 años resultaron afectados tras inhalar químicos esparcidos al aire libre, evidencian la urgencia de un marco legal riguroso.

El documento legislativo también dispone sanciones severas para quienes importen, distribuyan o comercialicen productos fitosanitarios vencidos. Asimismo, fija condenas de hasta dos años de prisión menor y multas equivalentes a 300 salarios mínimos (aproximadamente RD$3 millones) para quienes incurran en:

• La obstaculización de inspecciones oficiales a predios agrícolas, comercios o almacenes.
• El ocultamiento, omisión o falsificación premeditada de reportes sobre la presencia de plagas en los cultivos.

Finalmente, el diputado Contreras subrayó que la legislación resulta imprescindible para blindar el territorio dominicano frente a patógenos externos. Según el legislador, el constante intercambio comercial con naciones vecinas y socios globales expone la producción alimentaria nacional al ingreso de plagas que pondrían en jaque la seguridad fitosanitaria del país.