El Poder Ejecutivo endureció de forma contundente su postura frente a los delitos ecológicos en la República Dominicana. El presidente Luis Abinader advirtió que cualquier persona o grupo que atente contra los parques nacionales enfrentará condenas de entre 20 y 30 años de prisión, tras la promulgación de una declaratoria oficial que cataloga estas agresiones bajo la figura de terrorismo ambiental.

A través del decreto 615-26, el mandatario declaró de alto interés nacional el combate a este tipo de crímenes ecológicos. Durante su alocución, Abinader subrayó que históricamente las áreas de conservación padecieron un grave descuido estatal: aunque estaban delimitadas en papel, carecían de vigilancia efectiva y muchas ni siquiera figuraban legalmente a nombre del Estado dominicano, situación que su gestión busca subsanar con un agresivo programa de titulación.

Cero tolerancia sin importar nacionalidad

Las investigaciones estatales sobre los constantes incendios forestales y desmontes en zonas protegidas determinaron que estos siniestros responden a actividades ilícitas coordinadas, ejecutadas tanto por extranjeros indocumentados como por ciudadanos dominicanos. Ante este escenario, el jefe de Estado fue enfático al señalar que el peso de la ley recaerá sobre todos los involucrados por igual.

"Si bien muchos son nacionales haitianos, en muchos casos eran enviados por dominicanos, y ambos van a sufrir la misma pena en caso de que afecten los parques nacionales", sentenció el mandatario, asegurando que no habrá distinciones a la hora de procesar a los autores materiales o intelectuales.

Un marco legal más estricto contra la impunidad

Abinader explicó que el anterior ordenamiento jurídico ataba de manos a las autoridades, permitiendo que personas apresadas por provocar incendios o depredar cuencas hidrográficas fueran liberadas a los pocos días por falta de tipificación severa. Con la nueva calificación penal, el Estado busca cerrar esa brecha procesal.

Con estas medidas, el Gobierno procura enviar una advertencia con carácter disuasorio para frenar el daño recurrente a la biodiversidad, consolidando una articulación interinstitucional que reforzará la vigilancia militar y judicial en las reservas ecológicas estratégicas de la nación.