Durante más de dos décadas, bastaba con introducir una fecha de nacimiento ficticia para que cualquier niño o adolescente tuviera vía libre en el universo de las redes sociales. Ese modelo permisivo está llegando a su fin. Gobiernos de distintas partes del mundo han comenzado a desplazar la carga que antes recaía en los controles parentales para exigir, por mandato legal, que sean las propias multinacionales tecnológicas las responsables directas de impedir la entrada de menores a sus plataformas.

El precedente australiano y las primeras cifras

El caso más contundente hasta la fecha lo encabeza Australia, que aprobó una legislación histórica para vetar a los menores de 16 años de espacios como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube y Twitch. La medida contempla duras sanciones para las empresas que no tomen medidas razonables de exclusión, liberando de castigos económicos a las familias.

Los primeros balances reflejan la magnitud del desafío:

• Meta retiró el acceso a más de 750,000 perfiles en Australia vinculados a menores.
• La comisión de seguridad digital australiana (eSafety) reportó que, en total, las plataformas alcanzaron a suspender unos 4.7 millones de cuentas.
• Una investigación conjunta con la Universidad de Stanford reveló que la tenencia de cuentas cayó del 52.4 % al 42.1 % en tres meses.

A pesar del desplome en perfiles formales, la desconexión total dista de ser una realidad. Más del 81 % de los menores evaluados admitió seguir consumiendo contenido mediante navegación pública, compartiendo perfiles familiares o aprovechando fallas en las herramientas de detección automática.

El dilema de la verificación y la privacidad

Determinar la edad exacta de un internauta sin vulnerar sus derechos fundamentales se ha convertido en el principal obstáculo técnico y legal. Compañías como Meta han recurrido al análisis de patrones de comportamiento mediante inteligencia artificial: horarios de conexión en etapas escolares, vocabulario empleado, interacciones con otros jóvenes y felicitaciones de cumpleaños.

Sin embargo, este nivel de vigilancia algorítmica despierta suspicacias. En Francia, el Consejo Constitucional frenó una iniciativa similar que pretendía cerrar el acceso a menores de 15 años. El tribunal galo determinó que una prohibición generalizada afectaba de forma desproporcionada la libertad de expresión y comunicación, al tiempo que obligaría a someter a toda la población adulta a controles de identidad intrusivos.

En respuesta, la Comisión Europea avanza en el desarrollo de credenciales de verificación anónima —con países como España, Francia e Italia a la vanguardia—, buscando que un usuario pueda certificar su mayoría de edad sin revelar su identidad ni transferir documentos confidenciales a las corporaciones privadas.

Una tendencia que se expande por el mundo

El efecto dominó sigue sumando territorios. Nueva Zelanda presentó un proyecto que contempla multas millonarias de hasta el 10 % de los ingresos globales para las plataformas que permitan menores de 16 años. En tanto, España, Grecia y Noruega tramitan reformas legislativas orientadas a elevar los límites de consentimiento y consumo digital.

Detrás de estas medidas drásticas subyace una alarma justificada por la seguridad infantil. Un informe reciente de UNICEF reveló que cerca de 20 millones de menores fueron víctimas de alguna forma de abuso o explotación facilitada por la tecnología en 21 naciones, listado que incluye a la República Dominicana. Con casi el 60 % de estos incidentes ocurriendo dentro de las redes, la comunidad internacional ha dejado claro que la era de la autorregulación corporativa ha quedado atrás.