El avance vertiginoso de las herramientas tecnológicas en la administración pública dominicana cuenta ahora con un marco normativo claro. Mediante la promulgación del Decreto núm. 787-26, el presidente Luis Abinader oficializó el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, un instrumento legal diseñado para blindar los derechos de la ciudadanía frente a la automatización estatal y promover una gestión gubernamental transparente y responsable.

La normativa redefine la relación entre el administrado y los algoritmos estatales, fijando cinco pilares que todo ciudadano debe conocer:

1. Notificación obligatoria sobre el uso de algoritmos

Ninguna entidad pública podrá emplear inteligencia artificial en un trámite, servicio o resolución administrativa sin advertirlo previamente. El Estado tiene la obligación de comunicar de forma clara y accesible cuándo un proceso ha sido asistido por sistemas inteligentes, detallando la finalidad del sistema y los criterios determinantes aplicados.

2. Garantía de revisión humana y corrección de fallos

Para erradicar la indefensión ante decisiones automatizadas, los usuarios tendrán la potestad formal de apelar cualquier resultado asistido por IA. Esto incluye exigir que un funcionario evalúe el caso de forma manual, interponer recursos administrativos correspondientes y pedir la rectificación inmediata de cualquier inconsistencia o error.

3. Filtros éticos para procesos de alto impacto

Antes de poner en marcha plataformas algorítmicas que incidan directamente sobre derechos fundamentales, asignación de subsidios sociales o procesos de carácter sancionador, las instituciones deberán ejecutar rigurosas Evaluaciones de Impacto Ético y de Derechos (EIED). Este paso previo busca prevenir perjuicios antes de que la herramienta entre en fase operativa.

4. Registro formal y supervisión técnica

Se prohíbe el despliegue de sistemas sin trazabilidad. Cada dependencia estatal deberá mantener un inventario público y actualizado de los modelos de inteligencia artificial en uso, designar funcionarios formalmente responsables de su gestión y asegurar protocolos de auditoría constante.

5. Mitigación de sesgos y fiscalización interinstitucional

El decreto exige a las entidades estatales implementar controles estrictos contra vulnerabilidades de ciberseguridad y sesgos algorítmicos que puedan derivar en actos discriminatorios. Toda falla o incidente crítico deberá reportarse de inmediato a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y a la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC).

Ambos organismos liderarán la vigilancia del cumplimiento ético y la recepción de denuncias ciudadanas, al tiempo que impulsarán programas de formación especializada para los servidores públicos involucrados en el ciclo de vida de estas soluciones tecnológicas.