Un juicio relámpago tumba al mandatario

En una jornada marcada por la tensión institucional y el descontento social, la Policía Nacional de Paraguay ejecutó la detención domiciliaria del expresidente Santiago Peña. La medida judicial se concretó apenas horas después de que el Senado de la República resolviera de forma unánime su destitución inmediata por «mal desempeño de funciones», tras un proceso de juicio político que se extendió por menos de diez horas.

La votación legislativa contó con el respaldo de los 44 senadores presentes en la sesión, incluyendo a miembros de su propia bancada del Partido Colorado. Aunque Peña intentó frenar el proceso enviando una carta de renuncia previa, el Congreso no logró el cuórum requerido para debatir su dimisión, lo que dio vía libre a la continuidad del proceso sancionatorio. Los abogados defensores del ahora exgobernante, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, cuestionaron la premura del debate y denunciaron falta de tiempo para analizar los expedientes acusatorios; sin embargo, las objeciones fueron desestimadas por el pleno.

El colapso de Ueno Bank: el detonante de la crisis

El detonante definitivo de este vuelco de poder fue el escándalo vinculado a Ueno Bank. El Banco Central del Paraguay ordenó la intervención y resolución de dicha entidad financiera tras registrarse una caída estrepitosa en sus niveles de solvencia regulatoria, dejando en la incertidumbre a cerca de 2,9 millones de depositantes e inmovilizando cuantiosos recursos estatales, incluidos fondos del sistema de pensiones.

El Ministerio Público mantiene abiertas al menos tres líneas de investigación penal sobre las operaciones del banco, la colocación irregular de fondos públicos y las presuntas responsabilidades u omisiones del Poder Ejecutivo en la supervisión de la entidad. Mientras la fiscalía profundiza en las pesquisas financieras, la banca matriz ha comenzado a desembolsar de forma paulatina las garantías a pequeños ahorristas para contener el malestar ciudadano.

Pedro Alliana toma juramento y promete estabilidad

Tras consumarse la salida de Peña —quien se convierte en el segundo presidente destituido por juicio político en la era democrática reciente del país suramericano, luego de Fernando Lugo en 2012—, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de la República para completar el mandato constitucional que se extiende hasta agosto de 2028.

Alliana tomó juramento formal ante los congresistas en un clima de alta fricción partidaria. Desde sectores de la oposición, como el senador Rafael Filizzola, se alzaron voces críticas que señalan la continuidad de la influencia del expresidente Horacio Cartes en la cúpula estatal. Pese a estos reparos, las fuerzas políticas coincidieron en la urgencia de respaldar la línea de sucesión para preservar el orden institucional en medio de una de las crisis financieras y políticas más complejas de los últimos años en la nación.