En una jornada que marca un antes y un después en la historia democrática sudamericana, la Policía Nacional de Paraguay ejecutó este viernes la detención del ahora expresidente Santiago Peña, apenas horas después de que el Senado lo despojara de su investidura mediante un juicio político sumario. La fulminante caída del mandatario, de 47 años, se produjo en medio de una profunda indignación social provocada por la quiebra e intervención de Ueno bank, entidad financiera estrechamente vinculada al exgobernante y receptora de cuantiosos fondos públicos.

Con un contundente respaldo de los 44 legisladores presentes en la sesión extraordinaria, el Senado halló a Peña culpable de "mal desempeño de funciones". Este veredicto lo convierte en el segundo jefe de Estado en la historia reciente del país en ser desalojado del poder por la vía del enjuiciamiento legislativo, un precedente que hasta ahora solo ostentaba el izquierdista Fernando Lugo tras su destitución en 2012. Ante este vacío de poder, la presidencia de la República pasa a manos de quien fungía como vicepresidente, Pedro Alliana, en un contexto en el que el propio gobernante Partido Colorado le retiró el piso político a Peña.

Un desfalco financiero que sacudió las bases del país

El detonante indiscutible de esta crisis institucional fue la resolución del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre Ueno bank, una entidad que gestionaba las cuentas de cerca de 2.94 millones de usuarios en una nación de apenas 6.1 millones de habitantes. Durante la administración de Peña, la institución recibió inyecciones millonarias de entidades estatales, situación que estalló cuando miles de ahorristas quedaron sin acceso a su dinero, afectando de manera crítica a unos 32,000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS).

En el banquillo de los acusadores, diputados paraguayos denunciaron la evaporación de aproximadamente 1,200 millones de dólares pertenecientes al erario público y a los contribuyentes, tildando al exjefe de Estado como el autor del mayor desfalco en la historia nacional. Durante el debate legislativo, el senador opositor Rafael Filizzola calificó el vaciamiento financiero como el peor escándalo de corrupción de la era democrática, mientras que el oficialista Gustavo Leite exigió una salida "con deshonra" al asegurar que Peña traicionó la confianza de toda la ciudadanía.

La pérdida de fueros y una renuncia tardía

Peña optó por no presentarse físicamente al recinto parlamentario, delegando su defensa técnica en los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes intentaron sin éxito desacreditar el procedimiento alegando supuestas fallas de nulidad. La víspera, el exmandatario había intentado presentar su renuncia formal para esquivar el juicio, pero la falta de cuórum en el Congreso frustró su salida negociada. A través de sus canales digitales, Peña alegó que dimitía para "evitar más daño al país y contribuir a recuperar la tranquilidad".

La condena política tuvo un impacto penal inmediato: según el artículo 189 de la Constitución paraguaya, los exmandatarios electos democráticamente acceden a una senaduría vitalicia que les confiere inmunidad procesal, beneficio que queda estrictamente revocado si son encontrados culpables en un juicio político. Desprovisto de todo fuero constitucional, las fuerzas del orden procedieron a su arresto formal para ponerlo a disposición de la justicia ordinaria.