El proceso judicial por el presunto desfalco millonario en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) toma un nuevo giro procesal. Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de la institución, mantiene activas conversaciones con el Ministerio Público con el objetivo de estructurar un acuerdo que permita una salida alterna a la acusación en su contra.

La información fue dada a conocer por su representante legal, el abogado Billy Gerónimo, quien puntualizó que la defensa ha sostenido acercamientos con los fiscales desde las etapas iniciales de la investigación. De acuerdo con el togado, su defendido mantiene total apertura para colaborar con los requerimientos informativos de las autoridades, aunque enfatizó que los términos y condiciones de dicha negociación aún no han sido definidos formalmente.

Sin bienes que restituir

Al ser consultado sobre si el posible acuerdo contemplaría la entrega de activos o dinero como compensación al Estado, Gerónimo fue categórico al indicar que Guzmán Vásquez no cuenta con patrimonio ni recursos económicos que puedan ser devueltos en el marco de la causa judicial.

"Existen todas las posibilidades de llegar a un acuerdo. Estamos en esa línea, eso es lo que se busca, pero hasta el momento no hemos definido nada", subrayó el jurista al abordar a los medios en las inmediaciones del tribunal, reiterando que su cliente continuará aportando cualquier dato adicional que el órgano acusador requiera para la investigación.

Medida cautelar ratificada

El avance de estas negociaciones se produce en paralelo a la decisión del juez Raymundo Mejía, titular del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien dispuso mantener la medida de prisión preventiva contra el imputado, fundamentando que no se han presentado variaciones en los presupuestos que motivaron la coerción inicial.

El expediente del Ministerio Público vincula a Guzmán Vásquez como una pieza clave dentro de un esquema irregular dedicado a gestionar y autorizar servicios médicos de manera fraudulenta a lo interno de Senasa, una trama de presunta corrupción administrativa cuyo perjuicio económico al Estado dominicano se estima que supera los RD$15,900 millones.