Lo que debía ser una intervención rutinaria de remozamiento estatal se transformó en una profunda herida ecológica en pleno casco urbano de Baní. La ejecución de un proyecto de 57 millones de pesos, impulsado a través de Bienes Nacionales para intervenir las oficinas gubernamentales de la demarcación, desató el repudio generalizado de ambientalistas, organizaciones comunitarias, estudiantes y ciudadanos tras confirmarse la tala de robles centenarios de más de 84 años de historia y otras especies de sombra que conformaban un pulmón verde fundamental en la zona.

En el centro del perímetro afectado únicamente permanece la señalización que identifica la obra junto a la empresa contratista Servicios Ingenieriles y Mineros SRL, representada por el ingeniero Saúl Calderón Hernández. La conmoción popular forzó el pronunciamiento del senador por la provincia Peravia, Julito Fulcar, quien admitió lo desproporcionado de la acción al calificarla como innecesaria dada la importancia ambiental de los ejemplares derribados. No obstante, el legislador intentó desvincular a la gobernadora Yadira Báez, argumentando que la compañía actuó de manera sorpresiva durante un fin de semana a espaldas de la administración, y planteó como alternativa resarcir el daño mediante la siembra de nuevas plantas.

Un argumento que no despeja las dudas institucionales

Lejos de sofocar el descontento, la justificación de un corte intempestivo abre serias interrogantes sobre los mecanismos de control del Estado. Resulta inverosímil que equipos pesados y motosierras operaran sin obstáculos en el recinto de la propia Gobernación Provincial sin que inspectores del Ministerio de Medio Ambiente o fiscalizadores detuvieran la faena. A esto se suma la postura formal del Ayuntamiento de Baní, encabezado por el alcalde Santo Ramírez, desde donde se denunció que la contratista no contaba con los permisos ni las autorizaciones municipales correspondientes para proceder con el derribo.

Expertos legales y técnicos forestales subrayan que las autoridades locales confunden la autoría material del hecho con el inexcusable deber de supervisión. Mientras que la empresa ejecutó la tala, la obligación administrativa recae sobre los entes rectores y funcionarios asignados al área, quienes debieron vigilar que el contratista cumpliera los parámetros legales antes de poner en riesgo el patrimonio natural del municipio.

Exigencia de sanciones bajo la Ley 64-00

En la comunidad banileja se rechaza tajantemente la postura de dar por cerrado el episodio bajo la premisa de que los árboles ya fueron cortados. Colectivos civiles advierten que el daño no puede saldarse con la simple plantación de arbustos jóvenes que tardarán décadas en reponer la biomasa destruida, pasando por alto las responsabilidades penales y administrativas contempladas en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Hasta el momento, no se han formalizado querellas ni anunciado sanciones económicas ejemplares contra la constructora. La sociedad civil de Peravia insiste en demandar el sometimiento a la justicia de la empresa infractora, el establecimiento de responsabilidades a los funcionarios que actuaron con negligencia y la presentación transparente del expediente técnico que dio paso a esta cuestionada intervención.